Los países de la Organización de Estados Americanos (OEA) elegirán los tres nuevos comisionados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de entre seis candidatos en la Asamblea General que se celebrará en México en junio.
Los seis candidatos se presentaron hoy ante el Consejo Permanente de la OEA en Washington y también ante las organizaciones de la sociedad civil en un evento del centro de estudios Diálogo Interamericano.
Los candidatos, a los que nominan los Gobiernos de sus respectivos países, son Antonia Urrejola Noguera (Chile), Carlos Horacio de Casas (Argentina), Joel Hernández García (México), Douglass Cassel (EEUU), Gianella Bardazano Gradin (Uruguay) y Flávia Cristina Piovesan (Brasil).
Reemplazarán, para el periodo 2018-2021, a los comisionados James L. Cavallaro (EEUU), José de Jesús Orozco Henríquez (México) y Paulo Vannuchi (Brasil).
En los meses de campaña para obtener apoyos a su candidatura, los aspirantes se reúnen tanto con Gobiernos como con la sociedad civil, pero la decisión es política: son los Estados de la OEA los que votarán en la Asamblea General ordinaria, que este año acogerá México del 19 al 21 de junio.
La candidatura que ha sido más cuestionada tanto en su país como fuera de él ha sido la del argentino Carlos Horacio de Casas, con la que son muy críticas organizaciones como Human Rights Watch (HRW), expresidentes de la CIDH y académicos de Derecho argentinos.
De él preocupan posturas como la referente “a los derechos reproductivos, especialmente la incompatibilidad con el derecho internacional de prohibiciones y criminalización del aborto en todos los casos”, indicó a Efe el expresidente de la CIDH (2002) argentino Juan E. Méndez.
Méndez escribió en febrero, junto a otro expresidente de la Comisión, el estadounidense Robert K. Goldman (1999) una carta conjunta al presidente argentino, Mauricio Macri, para pedir la retirada de la candidatura de Carlos Horacio de Casas.
Goldman explicó hoy a Efe que nunca recibieron respuesta a esa misiva.
El director para América de HRW, José Miguel Vivanco, escribió esta semana un artículo crítico en el diario “El País” en el que señala que De Casas “ha criticado la derogación del delito de ‘desacato’ en Argentina, que sirvió para criminalizar expresiones críticas contra funcionarios públicos”.
Además, indica, “se ha referido al aborto como un ‘atentado a la vida de un inocente particularmente indefenso’ y lo ha comparado con el robo a mano armada”.
Asimismo, anota que “los antecedentes de Carlos de Casas son aún más preocupantes en relación con los derechos de las personas LGBT (esbianas, gais, transexuales y bisexuales), donde su posición parece ser sencillamente decimonónica”.
Durante el debate con la sociedad civil en el Diálogo Interamericano, De Casas defendió “la protección de la libertad de expresión en todos sus aspectos” y se mostró en contra de “toda discriminación y toda forma de violencia” contra “colectivos especialmente vulnerables”, entre ellos “las mujeres y las personas LGTB”.
De Casas fue el único comisionado que se pronunció sobre la crisis de Venezuela, a preguntas de la sociedad civil, y dijo que “todo enfoque de derechos humanos debe ser genuino y despolitizado” y subrayó “el respeto a la institucionalidad democrática”.
En ese debate, la candidata uruguaya, Gianella Bardazano Gradin, se mostró crítica con “la tendencia a la inflación penal en las legislaciones nacionales” de la región, en respuesta a preguntas en este sentido enviadas desde la sociedad civil.
Por su parte, el candidato estadounidense, Douglass Cassel, expresó su rechazo al “uso de militares para funciones de policía” porque “los peligros” de esa práctica “son peores que la enfermedad”.
El aspirante mexicano, Joel Hernández García, indicó al respecto que “en materia de seguridad pública hay distintas respuestas de los Estados en función de sus capacidades”, por lo que no considera que haya “una sola solución en esta materia”.
La candidata brasileña, Flávia Cristina Piovesan, hizo una férrea defensa de los derechos sexuales y reproductivos y subrayó que “las políticas que penalizan el aborto contribuyen a la inseguridad y a la clandestinidad y a la muerte de las mujeres más vulnerables”.
La aspirante chilena, Antonia Urrejola Noguera, también defendió esa postura y remarcó que “uno de los desafíos es generar conciencia ciudadana sobre determinados temas complejos”, como el aborto, porque “eso facilita el avance de los países”.
