Varias decenas de inmigrantes del sur de Florida exigieron el viernes al alcalde del condado de Miami-Dade que dé marcha atrás con su decisión de respaldar los decretos de inmigración del presidente Donald Trump y colaborar con las autoridades nacionales, pero el gobierno local reiteró que cumplirá con las leyes federales.
“Tenemos que cumplir con las órdenes federales. Siempre lo hicimos”, expresó Mike Hernández, portavoz del alcalde Carlos Giménez.
“No somos una comunidad santuario”, aseguró en una rueda de prensa realizada un par de horas después que inmigrantes y activistas se pararon frente al edificio de la alcaldía para protestar y manifestar que estaban aterrorizados por la decisión del alcalde.
“Estos días han sido terribles para nosotras. Estamos aterradas de salir a trabajar, de salir a la calle, de subir al autobús”, dijo a The Associated Press la mexicana Karla De Anda, en nombre de un grupo de trabajadoras del hogar. “Esto tiene que cambiar. No podemos vivir en el terror”, manifestó la mujer de 42 años, quien vivió 10 años ilegalmente antes de poder regularizar su estatus migratorio.
El alcalde ordenó el jueves que las prisiones locales cumplan con la solicitud federal de detener a inmigrantes y notificar a las autoridades federales en caso de que esas personas tengan un pedido de captura nacional, o “detainer”.
De acuerdo con la medida, las autoridades carcelarias mantendrán a los inmigrantes detenidos a disposición de los agentes de inmigración por un período de 48 horas sin pedirle al gobierno federal que les remunere por el dinero que ese arresto representa.
Si en ese lapso de tiempo, las autoridades de inmigración no se hacen cargo de su custodia y esos inmigrantes no tienen ningún motivo para permanecer presos, serán liberados, explicó Hernández.
La medida coloca a Miami en el extremo opuesto a las llamadas “ciudades santuario” como Nueva York, San Francisco y Los Ángeles que han expresado su rechazo a colaborar con las autoridades federales de migración y han dicho públicamente que protegerán a los inmigrantes.
La decisión del alcalde de Miami-Dade, tuvo lugar ante el temor de que el condado deje de recibir millones de dólares por negarse a colaborar con el gobierno federal, un día después de que Trump anunciara sus decretos.
“La amenaza de perder fondos federales es una excusa usada por el alcalde Giménez para ganar el favor del nuevo presidente vendiendo a la comunidad de inmigrantes”, expresó Jonathan Fried, activista de la organización de inmigrantes WeCount de la zona agrícola de Homestead.
Levantando carteles en inglés y español en los que se leía “Giménez vergüenza nacional” y “Giménez no seas como Trump” los inmigrantes bloquearon las puertas de acceso a la alcaldía cuando la policía les negó el ingreso.
A gritos de “Giménez, escucha, estamos en la lucha” y “Giménez es un traidor”, expresaron su furia por la decisión.
“Me da miedo porque está dividiendo a la comunidad. Nos sentimos huérfanos, no estamos siendo protegidos”, dijo a AP Yaquelin López, una boliviana de 49 años que desde que llegó en 2002 vive sin papeles.
“Una simple falta como no tener licencia de conducir podría llevar a la deportación”, expresó antes de que los inmigrantes intentaran varias veces infructuosamente ingresar al edificio para entregarle una carta al alcalde.
En un breve memorando Giménez dijo el jueves que Miami-Dade “cumple las leyes federales e intenta cooperar completamente con el gobierno federal”. El director interino del Departamento de Prisiones, Daniel Junior, ordenó a su vez cumplir todas las solicitudes de detención de inmigrantes recibidas por el Departamento de Seguridad Nacional.
En un intento por tranquilizar a la comunidad, Hernández aseguró que los policías del condado “nunca van a actuar como agentes de inmigración… nunca van a preguntar el estatus migratorio”.
Giménez es un republicano que votó por la demócrata Hilary Clinton y se ha manifestado en favor de una reforma migratoria.
El Departamento de Justicia incluyó a Miami en una lista de “santuarios” en un informe de 2016 pero el condado se ha negado a que le den esa categoría y ha pedido a las autoridades nacionales que reconsideren esa designación.
Una medida de 2013 ordenó a las autoridades carcelarias locales a no mantener detenidos a inmigrantes porque los gastos de manutención de los presos no eran cubiertos por las autoridades nacionales.
Si la policía arresta a algún inmigrante por algún motivo no relacionado con las leyes de inmigración, las autoridades federales le piden a las cárceles que los mantengan presos por más tiempo que el que contempla el delito por el que fueron arrestados. Hasta ahora Miami no cumplía esas solicitudes.
