Miami, .- Florida tiene a partir de este viernes una de las leyes antiinmigrantes más estrictas del país contra las llamadas ciudades “santuario” y que promueve la cooperación con las autoridades federales migratorias, aunque se anticipan demandas legales de grupos civiles que la consideran “inconstitucional”.
Al firmarla como ley, el gobernador Ron DeSantis, alineado con las políticas antiinmigrantes del presidente Donald Trump, dijo en medio de los aplausos que estaba dando así cumplimiento a una de sus promesas de “luchar contra la inmigración ilegal”.
El republicano subrayó que se trata de ofrecer “seguridad” a la población y criticó que las llamadas ciudades “santuario” son jurisdicciones “libres de ley” que son aprovechadas por inmigrantes indocumentados para cometer crímenes.
La nueva norma exige a todas las agencias estatales, gobiernos municipales y departamentos de policía a cumplir la ley federal de inmigración y también a trabajar con agencias federales como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para detener y deportar a los inmigrantes.
Sin embargo, para grupos como el Southern Poverty Law Center (SPLC) se trata de una ley “inconstitucional” que obliga a las policías a “detener sin causa probable” a personas para entregarlas las autoridades federales de inmigración.
“Viola la Cuarta Enmienda, que prohíbe la captura sin razón, conducirá a la violación de los derechos constitucionales y someterá a costosos litigios” a las autoridades locales, manifestó en un comunicado Scott McCoy, directivo de SPLC.
La Coalición de Inmigrantes de Florida (FLIC, en inglés) también anticipó este viernes “desafíos legales” para su implementación en un estado con un 20 % de población inmigrante y estableció una línea telefónica directa para guiar a lo inmigrantes sobre sus derechos.
Las organizaciones criticaron los polémicos “detainers” de ICE, como se conocen las detenciones ordenadas por esa agencia federal, mediante las cuales las policías locales retienen a indocumentados que suelen ser arrestados por delitos menores durante más del tiempo establecido por la ley, sin la orden de un juez o la fiscalía, y con el propósito de su deportación.
Por su parte el grupo New Florida Majority dijo que la nueva medida es una de las “peores leyes anti-inmigrantes” en el país después de la SB-1070 de Arizona de 2010 de “muéstrame tus papeles”, que causó gran polémica y aún está en vigor pero con una versión suavizada tras una demanda que llegó al Tribunal Supremo.
El grupo recordó que, de candidato, DeSantis nombró a una vicegobernadora hispana, Jeanette Núñez, para “cubrir” sus ideales contra los inmigrantes.
“Corrió en una plataforma antiinmigrante, construyó el muro de Trump con sus hijos en un comercial de televisión y luego fingió cubrirlo todo con una candidata latina”, se lamentó.
El proyecto, aprobado en abril pasado por el Legislativo de Florida, de mayoría republicana, entrará en vigor a partir del próximo 1 de julio y otorga tres meses de margen a las autoridades policiales para ponerlo en marcha.
María Bilbao, activista de United We Dream, lamentó que bajo la norma cualquier “persona morena o negra que ‘parezca o suene como un inmigrante’ o que viva en un vecindario de inmigrantes” puede ser sujeta a entrega de las autoridades migratorias.
DeSantis firmó la ley pese a la resistencia y protestas de grupos pro-inmigrantes que se desplazaron a Tallahassee, la capital estatal, durante varias semanas para mostrar su rechazo durante su trámite en el Legislativo.
Iniciativas similares habían fracasado en años anteriores en el Legislativo de Florida, pero logró un gran impulso con la llegada al poder este año de DeSantis.
La presidenta del Partido Demócrata de Florida, Terry Rizzo, calificó como “vergonzoso” que DeSantis y los legisladores republicanos “prefieran apoyarse en la agenda xenófoba del presidente Trump en lugar de los dueños de negocios, funcionarios electos, agentes de la ley y miembros de la comunidad de la Florida que le pidieron que vetara este proyecto de ley”.
Ante la rapidez con la que el proyecto se tramitó en el Legislativo, una veintena de grupos de defensa de los derechos civiles y de los inmigrantes emitieron el pasado abril una alerta de viaje a Florida por la posibilidad de un aumento de casos de “discriminación racial, detención injusta y deportación”.
Sin embargo, el republicano negó este viernes a la prensa que se trate de discriminación y aseguró que la nueva ley no tendrá ningún “impacto” negativo en el turismo proveniente de Latinoamérica.
En los tres primeros meses de 2019 el estado recibió la cifra récord de 35,7 millones de turistas, un 5,8 % superior a la del mismo periodo de 2018 y cuyo origen es eminentemente nacional.(EFE)
