Puerto Rico se enfrenta a una escalofriante realidad: el incremento alarmante de feminicidios que está cobrando vidas de mujeres inocentes de manera trágica y violenta. Un ejemplo espeluznante de esta crisis es el reciente caso donde un hombre, tras matar a su ex compañera querellada, se desató en una masacre que incluyó a la madre y al hermano de la mujer. Este trágico episodio concluyó con el atacante tomando su propia vida, evitando así enfrentar la justicia.
El municipio de Yauco fue escenario de la segunda masacre y quinto feminicidio del 2024, ocurrida a eso de las 9:32 p.m. del miércoles en el kilómetro 3.8 de la PR-372, en el barrio Caimito.
Allí, un hombre identificado como Wilfredo Hiram Santiago Figueroa de 33 años, le habría dado muerte a su expareja, exsuegra y excuñado, identificados como Linnette Morales Vázquez de 30 años -madre de dos hijos-, Luis Miguel Morales Vázquez de 28 y Lizzette Vázquez Vélez de 51. Todos eran servidores públicos.
Hay que cuestionar a fiscalia por no haber mostrado al juez de turno el expediente criminal en la vista preliminar de este caso. Tal parece que nadie sabia de la historia pasada del aggressor en cual resulto en dejarlo libre para que matara a su expareja. Se entinde que la peticion de grillete del fiscal del caso fue a ultima hora y cinco minutos antes de que cerrara el tribunal sus trabajos.
Las agencias gubernamentales, en este escenario desgarrador, parecen pasarse la responsabilidad como una “papa caliente”, sin asumir la urgencia de abordar el problema de raíz. Las opiniones hasta la fecha señalan una falta de eficacia en el proceso legal a favor de la querellante. La mujer, constantemente acechada, obtuvo una orden de restricción que, lamentablemente, no fue suficiente para detener al criminal.
El agresor suicida ya tenía antecedentes penales, habiendo pasado diez años en prisión por abusos previos, incluyendo el incendio intencional de la casa de su ex esposa y su vehículo. La sociedad y, en especial, los ciudadanos afectados, señalan con justa indignación a la fiscalía, argumentando que se ha fallado en proteger a las víctimas y prevenir futuras tragedias.
La defensa, por su parte, ha recurrido al argumento de problemas mentales para justificar las acciones del agresor. Sin embargo, se alega que el crimen fue el resultado de un error crítico el cual radica en no haber solicitado medidas más restrictivas, como el uso de grilletes o arresto domiciliario, para una persona, ex recluso con un historial violento y peligroso.
Es crucial entender que la solución no puede limitarse a esconder a la víctima o enviarla a otro lugar. Entonces preguntamos, ¿La vistima se tiene que esconder y el criminal queda suelto para seguir cometiendo crímenes? La respuesta a casos similares debe ser el encarcelamiento de individuos conocidos por ser criminales con historial violento, impidiendo que continúen causando daño en las calles. Es imperativo que las agencias gubernamentales actúen con determinación y apliquen medidas eficaces para proteger a las mujeres que enfrentan situaciones de riesgo.
La sociedad puertorriqueña demanda un cambio tangible, claro, transparente y efectivo en la forma en que se abordan los casos de violencia de género. La prevención, la protección de las víctimas y la aplicación de la ley de manera justa son elementos cruciales para revertir esta epidemia de feminicidios y construir un futuro donde todas las mujeres puedan vivir libres de miedo y violencia.
