Un gran número de familias de indocumentados que han sido deportados enfrentan ahora no solo el drama familiar o sentimental de la separación, sino además una incertidumbre financiera que les obliga a “rebuscar” soluciones para al menos vivir en “modo de supervivencia”.
Ante estas dificultades económicas, las mujeres, esposos, hijos e hijas de deportados se ven obligados a acudir a familiares cercanos, ayudas del Gobierno, si los niños son ciudadanos, o colectas por internet para complementar los ingresos que ya no reciben.
“Yo ahora tengo dos trabajos, ambos de tiempo parcial para ayudarme con los gastos”, dijo a Efe Marcela, una indocumentada de Honduras cuyo esposo fue deportado hace un par de meses.
“Me pagan el mínimo pero como es ‘por debajo de la mesa’ (sin declarar) no tengo beneficios, ni gano horas extras y, si no estoy de acuerdo, pues ni modo de reclamar”, contó la centroamericana de 34 años, madre de dos pequeños.
Aunque recibe “algunas ayudas” del Gobierno para sus niños, que son estadounidenses, de todos modos “los gastos siempre son más”.
Según un análisis publicado por CNN con base en cifras oficiales, el gobierno del presidente Donald Trump desde el día de su posesión hasta la última semana de abril había deportado cerca de 54.500 personas, incluyendo a 23.897 personas sin antecedentes criminales.
Esas cifras son menores a las registradas en el periodo homólogo de 2016, con Barack Obama todavía en el poder, cuando se deportó a 62.062 individuos, incluyendo 24.953 no delincuentes.
En casos tan difíciles como la deportación de un familiar cercano donde la solidaridad es tan importante, los latinos cuentan generalmente con el apoyo de otros parientes.
Aida Pérez, voluntaria de una iglesia católica en Los Ángeles, explicó que una colecta semanal de alimentos que se hace en su parroquia se dedica a la ayuda de familias, muchas inmigrantes y algunas donde uno de los padres ha sido deportados.
“Sabemos que hay varias familias que ahora pasan más dificultades porque el padre o la madre ha sido deportados”, explicó a Efe.
Otras voluntarias igualmente dedican horas semanales a cuidar de los niños en un salón del centro parroquial como una forma de aliviar las dificultades de quienes ahora tienen familiares detenidos o deportados.
Otras familias, generalmente con ayuda de centros comunitarios, han iniciado campañas de micromecenazgo en internet a través de las que piden colaboración económica ante la ausencia de los padres o aquellos que tratan de evitar la deportación.
La familia Camacho, de Tampa en Florida, es una de las que han acudido a este recurso con una cuenta en GoFundMe para tratar de evitar la deportación de su padre.
“Estamos tratando de recoger dinero para mantener a nuestro padre a nuestro lado”, explica la cuenta de los Camacho, creada por Yolanda, la hija mayor de cuatro hijos.
Según explica la joven en su petición, su madre fue deportada en 2010 y ahora su padre “es uno de los miles de inmigrantes que esperan la deportación en un centro de detención”.
La cuenta que busca obtener dinero para pagar “por los costos legales”, ya ha recaudado más de 2.700 dólares en 12 días, para una meta de 4.000.
“Es duro saber que están lejos y que uno es impotente”, comentó la joven sobre la ausencia de su madre y la posible deportación de su padre.
Otras iniciativas como Mission Asset Fund (MAF) ofrecen asesoría financiera y préstamos a estas familias, muchas de las cuales no cuentan con una cuenta bancaria o un buen historial de crédito.
José Quiñonez, director ejecutivo de MAF, explicó esta semana en la National Public Radio (NPR) que para atajar las implicaciones financieras “devastadoras” que afrontan los indocumentados cuando enfrentan una deportación crearon préstamos de emergencia hasta de 1.500 dólares.
El responsable de MAF explicó que en caso de no tener ahorros o acceso a crédito estas personas muchas veces se ven abocadas a pedir “préstamos depredadores que pueden ser extremadamente costosos para ellos”.
