El fiscal general del estado, Bob Ferguson, anunció el lunes la medida judicial, siendo el primer fiscal de un estado en desafiar judicialmente la orden ejecutiva.
Ferguson es uno de 16 fiscales generales de estados que el domingo emitieron un comunicado calificando el decreto de Trump como “antiestadounidense e ilegal”.
Ferguson dijo que la demanda, contra Trump y sus principales asesores, será presentada el lunes más tarde en un tribunal federal de Seattle.
Añadió que se buscará declarar varias cláusulas del decreto como anticonstitucionales y aplicar una orden de suspensión contra la implementación de la medida.
“El personal de nuestra oficina estuvo trabajando todo el fin de semana para redactar esta medida judicial”, dijo Ferguson en conferencia de prensa con el gobernador del estado de Washington, Jay Inslee.
“Esta es una medida antiestadounidense, es inapropiada y no prosperará”, dijo Inslee. “La intención de esta orden ejecutiva es clara: de discriminar contra una religión entre todos los hijos de Dios”.
Ferguson dijo que ha estado en contacto con las fiscalías de otros estados pero que por el momento el estado de Washington actuará por su cuenta.
El Puerto de Seattle dijo que todas las personas que fueron detenidas en el Aeropuerto Internacional de Seattle-Tacoma como resultado de la orden de Trump han sido puestas en libertad.
La legisladora local Pramila Jayapal declaró el domingo que dos individuos fueron puestos en libertad: uno es de Sudán y el otro es de Yemen, ambos países incluidos en la prohibición de Trump.
Trump firmó la orden ejecutiva el viernes, suspendiendo toda la entrada de ciudadanos se siete países de mayoría islámica por 90 días. La decisión desató enormes en todo el país el fin de semana, incluyendo una que atrajo a 3.000 personas en el Aeropuerto Internacional Seattle-Tacoma.
Trump dice que su medida busca evitar que entren terroristas al país.
