El Tribunal Supremo de Pakistán ha ratificado este viernes la condena a muerte dictada contra un hombre por violar a una niña de ocho años, en medio de las denuncias sobre la falta de rendición de cuentas ante las numerosas violaciones en el país centroasiático.
El tribunal ha rechazado la apelación presentada por el acusado, Alí Haider, y ha confirmado la pena emitida por un tribunal de primera instancia, según ha informado la cadena de televisión paquistaní Geo TV.
Según las estadísticas oficiales correspondientes a 2020, en el país se denunciaron once violaciones al día, con más de 22.000 casos en el año, si bien el estigma asociado a estos sucesos lleva a muchas víctimas a no acudir ante las autoridades.
Las denuncias han aumentado también por los numerosos casos de violaciones contra menores de edad en el país. Según la ONG Sahil, más de 1.500 niños fueron violados en 2020 en Pakistán. La ministra de Derechos Humanos paquistaní, Shirin Mazari, apuntó en noviembre a la existencia de “un modo de pensar bestial” que “sigue arrasando con la sociedad”.
Ante esta situación, el presidente de Pakistán, Arif Alvi, aprobó en diciembre una nueva ley contra la violación que autoriza a los tribunales del país a ordenar la castración química de los condenados y crear cortes para acelerar los procesos.
La ley contempla la creación de un registro de criminales sexuales y prohíbe la publicación de las identidades de las víctimas, mientras que los policías y funcionarios que muestren “negligencia” a la hora de investigar los casos podrían ser condenados a penas de hasta tres años de cárcel.
La aprobación de Alvi implica que el Gobierno tiene ahora cuatro meses para lograr la luz verde del Parlamento para que sea promulgada, después de que el primer ministro de Pakistán, Imran Jan, prometiera en noviembre “medidas duras y holísticas contra la violación para cerrar todos los agujeros” existentes en la legislación.
Por otra parte, el Supremo prohibió en enero las conocidas como “pruebas de dos dedos”, llevadas a cabo por personal médico para determinar si una mujer ha sido violada, tras declararlas como “ilegales e inconstitucionales” y recalcar que no son científicas y no tienen base médica.
