A pesar de la escasez de personal sanitario en el país, los estudiantes y profesionales latinos de estas áreas no podrán ayudar a solventar este problema si el Congreso no aprueba una ley que les dé un estatus migratorio permanente tras el cierre de la Acción Diferida (DACA).
Según United We Dream (UWD), una asociación en defensa de los jóvenes indocumentados que llegaron al país siendo menores de edad, un buen número de estudiantes de Medicina y doctores amparados por DACA verá esfumarse sus deseos de ayudar a solventar esta situación de falta de personal médico.
Incluso la mexicana Yasmín Irazoqui-Ruiz, estudiante de Medicina en la Universidad de Nuevo México, decidió suspender un semestre de su carrera para sumarse a UWD. “¿Qué nación quiere sacar a personas calificadas, bilingües y que lo están dado todo?”, se pregunta.
“Eso no tiene sentido. Están arriesgando la vida de los pacientes”, alertó.
La Asociación de Colegios Médicos Estadounidenses (AAMC) prevé que en la próxima década habrá un déficit de profesionales de la salud de entre 40.800 y 104.900.
La preocupación es real. Lo dice el doctor Darrell G. Kirch, presidente de AAMC, que ya alertó de que, “a medida que la población de pacientes continúa creciendo y envejeciendo, se debe comenzar a capacitar a más médicos si se desea satisfacer las necesidades de atención médica de todos los estadounidenses”.
Irazoqui-Ruiz, de 25 años, lamentó la ironía de que en un momento en el que se buscan más estudiantes el Gobierno del presidente Donald Trump decidió dejar sin la oportunidad a estos jóvenes que se consideran estadounidenses” al anunciar en septiembre pasado el fin de DACA.
La fecha límite es el 5 de marzo de 2018, fecha que sirve de ultimátum para que el Congreso apruebe una legislación que regularice la situación de estos jóvenes indocumentados, muchos de los cuales se quedaron sin el amparo ante una hipotética deportación que supone DACA.
“El entrenamiento de un estudiante de Medicina cuesta cerca de un millón de dólares. La inversión de las universidades, de los hospitales y de nosotros mismos se va a perder”, puntualiza Irazoqui-Ruiz y agrega de paso que “quien más está perdiendo es el país”.
La mexicana llegó con tres años junto a su hermana gemela y su madre, en un recorrido que también vivió su compatriota Denisse Rojas.
Esta joven recaló en California cuando tenía un año y medio de vida. Su falta de estatus legal le ha cerrado muchas puertas, pero, al igual que miles de “soñadores”, decidió sacar a la luz su lucha y creó Pre-Health Dreamers, organización que agrupa 800 miembros en 42 estados.
Esta organización allanó el camino a varias medidas estatales que protegen a profesionales indocumentados de la salud.
También Rojas se convirtió en la primera estudiante indocumentada en asistir a la Escuela de Medicina Icahn en Mount Sinai, en Nueva York.
“No podemos darnos por vencidos”, es su lema.
Pero no solo los estudiantes están en riesgo de perderlo todo.
Profesionales amparados por DACA y que ya trabajan en este sector de la salud tendrán que abandonar sus puestos paulatinamente en los próximos dos años, cuando se vaya expirando su permiso temporal de trabajo y residencia.
Tal es el caso de Luis Aguilar, un enfermero de terapia intensiva cardiovascular que trabaja en Kansas City.
Aunque este mexicano de 29 años pudo realizar sus estudios siendo indocumentado, sabe que para ejercer su profesión necesita un estatus legal.
“Formo parte de un equipo de enfermeros que viaja por todo el país cubriendo necesidades urgentes en los hospitales que no tienen suficiente personal”, sostuvo Aguilar.
El inmigrante ha podido comprobar la falta de enfermeros y médicos en el país durante estos viajes: “Hay momentos en que no puedes ir a descansar porque no existe reemplazo”.
Aguilar fue uno de los 150.000 favorecidos en renovar el permiso de trabajo, sobre un total de 690.000 amparados por el programa, pero sabe que su carrera está contrarreloj.
“Solo le pido al gobierno que actúe y lo haga rápido. He acumulado mucha experiencia y creo que es injusto que se pierda”, lamentó.
Por su parte, Irazoqui-Ruiz, que comenzará su tercer año de universidad en enero, seguirá presionando al Congreso a que apruebe la ansiada legislación.
“Mi permiso se termina en septiembre del 2019, y me graduaré en mayo del 2020. Espero que para esa época la lucha haya valido la pena”, prefiere augurar.
