Cuando el arquitecto Andrés Navarro fue sacado del Ministerio de Relaciones Exteriores, donde encontró un desorden patrocinada por una mafia de políticos inescrupulosos que nunca pagaron sus culpas en la cárcel, para designarlo Ministro de Educación, no pocos se sorprendieron, incluyéndome.
Todos coinciden en que su trabajo al frente de la Cancillería fue bueno. Hizo lo que las circunstancias políticas les permitieron. No olviden que la política exterior del país la maneja, a su antojo y discreción, el presidente de la República.
No hay una institución más difícil y compleja que Educación con una nómina cercana a las 200 mil personas entre docentes y administrativo. Por dos razones: Una, porque maneje el presupuesto más alto de la nación, el 4% del Producto Interno Bruto que este año asciende a 153 mil millones de pesos, y dos, una estructura orgánica clientelar que impide o se opone en la práctica a transformaciones profundas en el sistema que termine de una vez y por todas con el clientelismo, el paternalismo y la politiquería.
Para mi sorpresa, y creo que la de muchos, la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) lejos de convertirse en una propulsora y aliada de los cambios, se ha tornado en una retranca actuando como sindicato unas veces y otras como empresa defensora intereses de socios mayoritarios, unos que dan la cara, otros que actúan en la sombra. (La ADP actúa como si estuviera dirigida por un partido de oposición)
Navarro no lo dice, ni lo dirá por prudencia y tacto político que yo no tengo, pero cuando llegó al ministerio encontró una plataforma mafiosa y corrupta que sin hacer mucho ruido desmanteló contra viento y mareo. Más de uno debió o debe estar en la cárcel, pero la política, que siempre está sobre lo jurídico, lo impidió.
No ignoro que Navarro es miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana qué, evidentemente, le impide hacer todo cuanto quiere o desea, pues de lo contrario hace tiempo habría saltado del cargo como quieren algunos en la ADP y en el gobierno.
Uno de estos días un periodista me dijo en broma que “Andrés deja pérdida porque ni da ni dice donde hay”, lo cual me pareció un elogio ya que el dinero del Ministerio no es del ministro, es del pueblo dominicano, por lo tanto no puede derrocharlo ni gastarlo como si fuera suyo. Ojalá sea cierto que “Andrés deja pérdida”. Ojalá que todos los funcionarios dejaran perdidas no malgastando ni robándose el dinero del presupuesto.
Por lo que observo desde fuera, más allá de cualquier crítica legitima y hasta necesaria que se le pueda formular al sistema que se está implementando con los recursos del 4%; más allá del reclamo que hace José Mármol del grupo Educación Digna de mejorar la calidad del gasto, no hay dudas de que Navarro no quiere pasar sin pena ni gloria por la administración pública. Su deseo de transparentar la nómina, de adecentarla, de elevar el nivel didáctico de los maestros y mejorar sus ingresos a partir de sus logros docentes; nombrar por concursos de oposición dejando la discrecionalidad y la política partidaria, etc., tienen que darle un voto de confianza de parte de la ciudadanía.
La educación pública sin duda ha mejorado con las nuevas aulas, tantas extendidas, los politécnicos, etc. El hecho de que miles de estudiantes hayan pasado de colegios privados a escuelas públicas es una muestra. Ese fenómeno continuará en la medida en que el sistema funcione bien. Y para que sea cada vez mejor, la política partidaria, el clientelismo y el paternalismo tienen que estar fuera.
Ahora hay quienes se oponen a que los directores regionales y distritales, como acordó el Consejo luego de una propuesta de Navarro, sean nombrados mediante concursos de oposición, facultad destinada en el pasado al ministro que lo hacía, principalmente, con criterios políticos.
El punto más luminoso del gobierno lo es sin duda el ministerio de Educación; mayor incluso que el de Turismo y Obras Públicas. No puede permitir el presidente Danilo Medina que sea opacado. Al contrario, la educación, como la salud donde también debe hacerse una gran inversión pública (5 o 6 % del PIB), son los elementos fundamentales del desarrollo de un país como lo prueban los “Tigres Asiáticos”.
