La construcción del Trump Ocean Club, un impresionante hotel y condominio en la ciudad de Panamá, se usó para blanquear dinero procedente de la droga y de las mafias rusas, y de ello se benefició el ahora presidente, Donald Trump, según un informe publicado hoy por la organización Global Witness.
El trabajo, realizado con entrevistas a empresarios y abogados involucrados en el proyecto, asegura que el gobernante y magnate inmobiliario ganó “millones de dólares vendiendo su nombre” al Trump Ocean Club, un enorme edificio con forma de vela que mira al Pacífico inaugurado por el mismo Trump en 2011 y proyectado para convertirse en uno de los rascacielos más altos de Latinoamérica.
“Después de otorgarle la licencia para usar su nombre al Trump Ocean Club en 2006, Trump parece haber hecho la vista gorda ante la fuente de los fondos de los compradores y los antecedentes de algunos de los agentes de ventas específicos”, asegura la ONG británica especializada en destapar casos internacionales de corrupción, abusos de derechos humanos y explotación medioambiental.
La investigación, llevada a cabo durante nueve meses, menciona específicamente el blanqueo de dinero proveniente de los carteles de la droga latinoamericanos así como de elementos de la mafia rusa.
“Lo importante aquí es que los negocios de Trump ahora ya no son sólo sus negocios, es el presidente de Estados Unidos y, por tanto, son asuntos de la nación; y los votantes y los ciudadanos tienen el derecho a conocer” si pudo beneficiarse de operaciones de blanqueo de dinero, declaró a Efe Eryn Schornick, una de las autoras.
Según Schornick, aunque es difícil saberlo con exactitud debido a la opacidad de las cuentas de Trump, el ahora presidente pudo obtener 75,4 millones de dólares con este negocio al menos hasta 2010, incluyendo bonos, derechos de explotación y otros conceptos, a lo que hay que sumar varios millones más desde entonces.
El informe menciona en concreto los nombres del delincuente colombiano David Murcia Guzmán, condenado en EEUU por blanqueo de dinero procedente del narcotráfico y creador de una pirámide financiera en Colombia con la que estafó millones de dólares.
También al brasileño Alexandre Ventura Nogueira, socio de Murcia que gestionó la venta de cerca de un tercio de las 666 adquisiciones de apartamentos en pre-construcción en el Trump Ocean Club.
Ventura Nogueira, también procesado por fraude, fue pieza fundamental en la comercialización del proyecto con un equipo de agentes de ventas que a menudo dirigían sus ventas a compradores de origen ruso y de Europa del Este, y entre los que, según ha reconocido el mismo Nogueira, había miembros de la mafia rusa.
“Trump fue uno de los beneficiarios, ya que recibió un porcentaje de todas las ventas”, asegura Global Witness, que indica que la información divulgada por Trump al convertirse en presidente muestra que “aún estaba ganando dinero de un contrato de administración para el Trump Ocean Club cuando asumió el cargo”, en enero pasado.
La ONG admite desconocer “el alcance del conocimiento que Trump tiene de estos agentes de ventas y compradores”, pero indica que “es muy probable que la Organización Trump tuviera derecho a recibir informes de ventas y exigir información sobre los compradores”.
“Esto se debe ser investigar. Trump ha ganado millones gracias a un proyecto utilizado por los cárteles de droga latinoamericanos para lavar dinero. Para un empresario responsable había señales de alerta (suficientes), pero parece que Trump no quería darse por enterado”, afirmó Schornick.
La asesora principal de políticas de Global Witness dijo que su organización ya se ha puesto en contacto con el equipo del fiscal especial Robert Mueller y con los comités del Senado y la Cámara de Representantes que investigan a Trump, para que averigüen si debe responder por beneficiarse del blanqueo de capitales.
Sobre Panamá, con cuyo Gobierno los investigadores no contactaron porque ninguno de sus miembros está involucrado en el caso, Schornick afirmó que sigue habiendo oportunidades para blanquear dinero, pero que ese no es un problema exclusivo panameño, sino que afecta a muchos otros países, incluidos los Estados Unidos.
