La Asamblea Nacional de Venezuela, que está bajo el control de la oposición, aprobó este martes un acuerdo que declara la responsabilidad del presidente Nicolás Maduro en el incumplimiento de sus deberes constitucionales, decisión que podría acrecentar las tensiones políticas y agravar la crisis económica que enfrenta el país.
Sin embargo, si bien esta decisión podría considerarse un antecedente para declarar que el presidente debe abandonar el cargo, esto no necesariamente ocurrirá, ya que el poder legislativo no está facultado para ello.
El acuerdo se logró tras un debate que se extendió por casi cuatro horas y no contó con la participación de la bancada oficialista, que se retiró de la sesión alegando que la Asamblea Nacional incurrió en un desacato de una sentencia que el mes pasado dictó el Tribunal Supremo de Justicia, que prohibió a los congresistas enjuiciar a Maduro por la inconstitucionalidad del proceso.
En el acuerdo se responsabilizó a Maduro de provocar “la grave ruptura del orden constitucional y democrático, la violación de derechos humanos y la devastación de las bases económicas y sociales de la nación”.
Asimismo, como parte del acuerdo, se pidió a una comisión avanzar el proceso para determinar si existen elementos para que la Asamblea declare el abandono del cargo de Maduro y se decidió acudir a la Fiscalía General para que examine los hechos expuestos y se pronuncie sobre la procedencia de solicitar un “antejuicio de mérito” contra el mandatario, lo que podría implicar el levantamiento de su inmunidad para ser juzgado por la “destrucción de la forma política republicana” y otros hechos punibles.
Sin embargo, el Poder Judicial y la Fiscalía General son señalados de estar controlados por el oficialismo, situación que aleja la posibilidad de que el mandatario pueda ser llevado a juicio.
De acuerdo a la constitución, el presidente sólo puede perder el poder ante las siguientes circunstancias: muerte, renuncia, destitución decretada por el Tribunal Supremo de Justicia, incapacidad física o mental permanente y certificada por una junta médica, abandono del cargo declarado por la Asamblea Nacional y la revocatoria popular de su mandato.
El diputado opositor, José Guerra, dijo a The Associated Press que la declaratoria de responsabilidad política “abre la posibilidad” para que el Congreso inicie un proceso que podría llevar a la declaratoria de abandono del cargo por parte de Maduro, lo que podría acelerar su salida del cargo. El presidente venezolano concluye su mandato de seis años en 2019.
El proceso contra Maduro comenzó hace dos meses, pero fue postergado a comienzos de noviembre por solicitud del Vaticano, que actúa como facilitador en la mesa de diálogo que está paralizada desde inicios de este mes por la falta de acuerdo entre las partes. La suspensión temporal del proceso contra el mandatario apaciguó las tensiones políticas que se intensificaron en octubre, luego de que las autoridades electorales y judiciales suspendieran el proceso de recolección de firmas para activar un referendo revocatorio.
El gobernante venezolano enfrenta esta situación en medio de una compleja crisis económica y dijo que su gobierno es víctima de un ataque dirigido por “mafias” que contrabandean los billetes venezolanos hacia Colombia.
Para hacer frente a esa circunstancia, el gobernante ordenó sacar de circulación los billetes de 100 bolívares en 72 horas, que son los de mayor denominación, y acordó el cierre de la frontera con Colombia por tres días. Ésta se reabrió en agosto tras estar cerrada durante casi un año.
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