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Santo Domingo. Las Comisiones de Defensa y Seguridad Nacional, y la de Justicia y Derechos Humanos del Senado, iniciaron de manera conjunta, la discusión del proyecto de ley contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, que busca sustituir y derogar la Ley 72-02, sobre el lavado de activos provenientes del tráfico ilícito de drogas, del 7 de junio de 2002.
El senador Adriano Sánchez Roa, dijo que escucharan a todos los sectores, gobierno, empresarios y sociedad civil, para lograr la mejor Ley posible.
Así mismo explicó que realizaran análisis comparativos de la pieza, con otras legislaciones de países con desarrollo similares al de República Dominicana a los fines de enriquecer el proyecto.
La pieza legislativa tiene por objeto, establecer los actos que tipifican el lavado de activos, las infracciones precedentes o determinantes y el financiamiento del terrorismo, así como las sanciones penales que resultan aplicables.
Además, busca establecer el régimen de prevención y detección de operaciones de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y del financiamiento para la proliferación de armas de destrucción masiva; determinando los sujetos obligados, sus obligaciones y prohibiciones, así como las sanciones administrativas que se deriven de su inobservancia.
En el artículo 3 de la nueva Ley se establece,que incurre en la infracción penal de lavado de activos, la persona que convierta, transfiera o transporte bienes, a sabiendas de que son el producto de cualquiera de los delitos precedentes, con el propósito de ocultar, disimular o encubrir la naturaleza, el origen, la localización, la disposición, el movimiento o la propiedad real de bienes o derechos sobre bienes.
Indica que la persona que incurra en la violación a lo establecido, será sancionada con una pena de diez a veinte años de prisión mayor, multa de doscientos a cuatrocientos salarios mínimos, el decomiso de todos los bienes ilícitos, valores, instrumentos y derechos sobre ellos.
Así como la inhabilitación permanente para desempeñar funciones, prestar servicios o contratar con entidades de intermediación financiera, participantes del mercado de valores, y entidades públicas.
La reunión estuvo encabezada por senadores, Adriano Sánchez Roa; presidente de la Comisión de Defensa y Seguridad Nacional y Arístides Victoria Yeb, presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos y participaron además los representantes de la provincia San José de Ocoa; Pedro Alegría, Manuel Antonio Paula; provincia Bahoruco y Charles Mariotti, provincia Monte Plata.
