Los legisladores de la oposición abandonaron en pleno el Congreso Nacional, en protesta por el atentado criminal que casi le cuesta la vida al senador por la provincia de Pedernales, profesor Pablo Rafael Casimiro Castro, perpetrado la noche del jueves 4 de mayo de 1967 por dos desconocidos a bordo de una motocicleta tipo Vespa italiana, que lanzaron una bomba incendiaria hacia el interior del jeep que conducía, en el momento en que se disponía a estacionarlo en un tramo de la calle Padre Billini del sector Ciudad Nueva de la Capital.
El retiro de los congresistas del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), se produjo durante las sesiones realizadas por la Cámara de Diputados y el Senado de la República en la mañana y la tarde del martes 9 de mayo, luego de que sus voceros, doctor Jottín Cury y licenciado Secundino Gil Morales, expresaran su condena al ataque terrorista, atribuyendo a sectores oficialistas la paternidad de un plan siniestro con el fin de eliminar a opositores al gobierno.
Cury, representante del Distrito Nacional y líder de la minoría parlamentaria, fue el primero en hablar en el hemiciclo de los diputados, anunciando que los legisladores de su bancada se apartarían de sus curules hasta tanto el gobierno del presidente Joaquín Balaguer pusiese coto al crimen desenfrenado. Su discurso fue seguido por decenas de inquietos espectadores, en su mayoría simpatizantes de la oposición, sentados en las graderías destinadas al público, quienes lo ovacionaron cálidamente y entonaron el himno nacional en el instante en que los legisladores se pusieron de pies para salir del hemiciclo. Eso fue una manifestación entusiasta de apoyo a su acción sin precedentes.
A su salida, el congresista opositor consideró inadmisible y caprichosa una advertencia intimidatoria hecha por el presidente Balaguer sobre el tema de una eventual convocatoria de los suplentes de los congresistas para suplir sus ausencias temporales, según expresó el jefe del Estado, interpretando los artículos 19 y 20 de la Constitución de la República.
Cury señaló que esa amenaza no podía materializarse, porque ningún texto sustantivo o adjetivo impedía que uno o más legisladores se ausentaran por el tiempo que creyeren pertinente, sobre todo si esa ausencia estaba determinada por altos y nobles propósitos; e ilustró que la Carta Magna era muda en ese sentido y por tanto, ni el Presidente de la República, ni nadie, podía suplir arbitrariamente el silencio de la ley, especialmente dictada por una autoridad superior como la Asamblea Nacional.
El legislador puso énfasis en refutar la forma sugerida por Balaguer para solucionar en última instancia la ausencia congresional dispuesta por la oposición, y argumentó que los artículos citados se referían a los casos en que ocurriesen vacantes, pero no preveían las ausencias temporales de los congresistas que fueron electos por el pueblo; y señaló que como parte mayoritaria de ese pueblo, los electores afiliados al PRD estaban exigiendo a sus legisladores el retiro temporal de ambas cámaras, para dar tiempo a que Balaguer y los senadores y diputados oficialistas escuchasen la voz de la sensatez y la cordura y se decidiesen a gobernar con justicia, ajenos a pasiones infecundas.
Más tarde se produjo el retiro de los senadores, en una ceremonia parecida donde su vocero, el senador por La Romana don Cundo Gil, reiteró con energía la denuncia sobre un plan existente dirigido a perseguir y dar muerte a los críticos constantes del régimen de Balaguer. Previamente fue difundido un documento aprobado por el comité ejecutivo nacional del PRD, donde se indicaba que el retiro de los legisladores de esa entidad sería provisional, hasta tanto se restablecieran las garantías constitucionales; advirtiendo que a diez meses de haber asumido el poder el doctor Joaquín Balaguer, pocas personas dudaban de que su régimen fuese ya una sangrienta burla constitucional, debido a que en ese tiempo se habían producido centenares de crímenes y desapariciones de sus adversarios.
El escrito también apuntaba que el grupo que acompañaba a Balaguer en el mando público estaba conformado por una mayoría de mentalidad regresiva, para quien “el continuismo era norma petrificada por viejos hábitos políticos y la oposición democrática era un estorbo insufrible, cuya liquidación se avenía con sus arbitrarios propósitos de mando sin freno, a la usanza de prácticas no superadas todavía”; y ponía de ejemplo no sólo el atentado sufrido por el senador Casimiro Castro, sino otros hechos recientes no menos dramáticos, como la golpiza de que había sido objeto el diputado perredeísta de esa misma demarcación, Américo Pérez Mercedes, por parte del raso Carlos Alcántara, del Ejército Nacional, quien intentó asesinarlo, luego de una discusión que sostuvieron en el municipio de Oviedo; salvando la vida milagrosamente, gracias a la oportuna intervención del sargento Jesús María Vásquez, quien sin embargo, fue luego deconsiderado al hacérsele un traslado inexplicable.
En similar situación estuvo la diputada Miriam Abréu de Minguijón, representante del PRD por la provincia de La Vega, quien el 17 de marzo de 1967 fue maltratada y vejada con palabras groseras por un raso policial que la acusó de comunista y amenazó con apresarla, en retaliación por una crítica que ella emitiera contra la figura del exjefe de la Policía, general Belisario Peguero Guerrero, en el momento en que iban dentro de un carro público que se dirigía hacia la ciudad olímpica.
Según el referido escrito, la impunidad del crimen cotidiano y la soberbia oficial ante los angustiosos reclamos de justicia, probaban que el pánico era método de sujeción empleado contra quienes no se hallaban inscritos en el partido oficialista; y que contrariamente a lo expresado por el presidente Balaguer, las fuerzas del terror y la muerte se agitaban en institutos armados cuya dirección, responsabilidad y control reglamentaba el artículo 55 de la Constitución; observando que los odios de la Guerra de abril de 1965, tantas veces esgrimidos en discursos presidenciales como excusa al crimen político, soplaban principalmente desde esferas colocadas en posiciones ventajosas, frente a las cuales se estrellaban las esperanzas del castigo corrector.
El documento del partido blanco seguía diciendo que el Congreso Nacional le había brindado a los legisladores de esa organización la inestimable experiencia de casi un año de labores, y que en ambas cámaras, la mayoría congresional oficialista, con excepción escasa de uno que otro legislador, actuaba como débil aditamento del Poder Ejecutivo, impidiéndole a la minoría parlamentaria la concreción de un trabajo legislativo productivo, ya que uno y otro hemiciclo eran cajas de resonancia donde la voz de mando de Balaguer y sus cercanos colaboradores encontraban eco real, “por temor a actuar con arreglo a su conciencia dentro de un poder del Estado nominalmente independiente”.
Asimismo, los legisladores indicaron que la farsa constitucional era aún mucho más amplia, pero confesaron que hubo un momento en el que llegaron a creer -en un arrebato de ingenuidad- que se respetarían los derechos de los representantes de medio millón de electores dominicanos; pero que lamentablemente no había sido así, como se había evidenciado en la bala homicida, en la bomba incendiaria y en los hechos y palabras ultrajantes que tendían a alcanzar a los firmantes de dicho documento, aunque no así a los reformistas; pues ninguno de ellos era víctima del terror ni objeto de tratamiento bochornoso, siendo la oposición quien aportaba las víctimas.
Los firmantes del escrito fueron los legisladores Secundino Gil Morales, Jottin Cury, Ambiorix Díaz Estrella, Víctor Manuel Báez González, Miguel Soto, Arístides Victoria José, Enmanuel Espinal, Noel Suberví Espinosa, William Ney Novas, Máximo Lovatón Pittaluga, Renato Arias, Rubén Suro, Francisco Guerrero, Luis Vargas, Eliseo Romeo Pérez, Gilberto Martínez, Manuel Joaquín Morales, Miriam Abreu de Minguijón, Frank Dezueza Fleury, Hipócrates Saint-Amand, Honorato Mauriz, Eliseo Pérez Hernández, Julio González Ortiz,Tomás Sánchez Pérez, Carlos Manuel Ríos, Reynoso, José Joaquín Ramírez, Barón Atilio Suero Cedeño, Manuel Joaquín Vargas y Américo Pérez Mercedes.
¿Quién era Casimiro?
El profesor Pablo Rafael Casimiro Castro comienza a destacarse tras el golpe de Estado del 25 de septiembre de 1963, que derrocó el gobierno Constitucional de Juan Bosch y el PRD, teniendo una reconocida participación junto a José Francisco Peña Gómez y José Rafael Molina Ureña en la promoción sin tregua -en la clandestinidad- de las actividades conspirativas que dieron origen a la Revolución Constitucionalista de 1965. Luego fue electo Senador de la República en las elecciones del 1ro. de julio de 1966.
Era hijo del matrimonio formado por el obrero Félix Antonio Casimiro y la lavandera Ana Luisa Castro, de la provincia de Santiago; y nació en esa demarcación el 29 de junio de 1933. Siendo muy joven se desempeñó como maestro de escuela, manteniéndose en esa función hasta que se vincula a la actividad política como un simple militante en los actos públicos de la Comisión de la Libertad, integrada por Ángel Miolán, Nicolás Silfa y Ramón A. Castillo, desde su llegada al país el 5 de julio de 1961, para pactar con el presidente Balaguer y el general Ramfis Trujillo, jefe militar de la Base Aérea de San Isidro, el propiciamiento de un estado democrático donde pudiese operar un partido de oposición al régimen de turno, instalándose entonces el partido de la bandera blanca y el jacho prendío en la casa No. 15 de la calle El Conde de la Capital.
Casimiro se inscribió en esa colectividad política, logrando muy pronto ascender de la mano de Miolán, quien en su condición de secretario general del partido, lo incorporó al staff de analistas en el programa radial “Tribuna Democrática”. Luego, cuando se produce el retorno de Juan Bosch del exilio y se le escoge como el candidato presidencial perredeísta, éste le brinda la oportunidad de ser parte del equipo de contacto con la zona Sur del país; de manera que el 26 de octubre de 1962, junto al licenciado Eduardo Stormy Reynoso Sicard, viajan a las provincias de Pedernales, Barahona, Independencia y Bahoruco, con el encargo de persuadir a los dirigentes locales para que apoyasen la idea de realizar una nueva convención nacional del partido, que resolviese el problema planteado por la cuestionada escogencia del señor Buenaventura Sánchez Féliz como candidato vicepresidencial, o compañero de boleta del líder político.
Desde ese momento el país comienza a conocer a Casimiro, a valorar su destacada actuación como organizador partidario y dirigente humilde, pero muy solidario con la militancia de su partido. Es aclamado como un gran líder regional y tercera figura del PRD, después de Bosch y Peña Gómez, por su acción legislativa en defensa de los pobres y por su infatigable presencia como expositor vibrante, cuya voz insobornable trasciende en el Congreso en su condición de titán de la libertad que forja una vida de leyenda y martirio.
El ataque al senador Casimiro la noche del jueves 4 de mayo de 1967 generó un movimiento de opinión pública inusual. Él narraría tiempo después que fue atacado en el momento en que intentaba desmontarse de un jeep Willy, placa 46514, propiedad del comité municipal del PRD en Pedernales, en la calle Padre Billini de la Capital, con la intención de visitar -como era su costumbre- la vivienda de la familia Prandy.
Según dijo, provenía del sector de San Carlos, que era el área de su residencia; pues vivía en la calle Imbert próximo a la avenida 30 de marzo. Había estado hasta las 8:10 de la noche en el colmado Argüelles, compartiendo algunos minutos entre amigos, y de ahí se dirigió hacia Ciudad Nueva, donde llegó al rato, parqueando su vehículo casi en la esquina Pina, frente a la casa No. 100 de la calle Padre Billini.
Indicó que cuando se disponía a abrir la puerta del jeep, no pudo hacerlo, pues sintió que un objeto había penetrado por la ventanilla izquierda; el cual se estrelló en el vidrio delantero, generando de inmediato el incendio. Era la bomba incendiaria de fosforo blanco que le fue lanzada desde una motocicleta tipo Vespa que llevaba a bordo dos hombres con camisas azul y crema, quienes emprendieron la fuga en marcha acelerada.
Casimiro no supo más de sí, pues entró en un estado de inconsciencia, aunque se enteraría después que había sido auxiliado por la joven abogada Yocasta Prandy, quien al observar que su cuerpo había sido alcanzado por las llamas, le puso encima una manta y tapó sus ojos y sus orejas con una toalla, tratando de que no fuesen afectados por el fuego. Con la ayuda de los vecinos ella lo sacó del jeep, procediendo a llevarlo junto a su compañero Manuel Matos Ferreras hacia al hospital Padre Billini, donde les dieron los primeros auxilios, para luego ser ambos trasladados a la clínica Doctor Abel González.
Un tercer afectado fue el señor William Henry, quien tuvo quemaduras más ligeras, que se las curaron de modo independiente.
El fósforo blanco es una sustancia química de gran poder inflamable y le produjo quemaduras en más del 40 por ciento de la superficie cutánea de su cuerpo, y casi lo mismo pasó con su compadre Matos Ferreras, quien presentaba un cuadro clínico similar.
De acuerdo al general Enrique Pérez, ministro de las Fuerzas Armadas de entonces, ese fósforo blanco no había estado almacenado en los institutos castrenses, ya que en sus arsenales no se encontraba esa sustancia; pero consideró muy posible que la misma hubiese entrado al país con las tropas estadounidenses que nos invadieron durante la guerra civil de 1965; señalando que muchos de esos pertrechos -traídos por los norteamericanos- habían sido robados. Él calificó el atentado de “barbaridad” y condenó “a esos malvados terroristas” que cometieron el hecho criminal.
En la Clínica Doctor Abel González los dos pacientes quemados fueron atendidos por un equipo médico encabezado por el doctor Roberto Augusto Sánchez Sanlley, que definió su estado de salud de pronóstico reservado, debido a la severa quemazón de sus cuerpos, que en el caso de Casimiro se veía más afectado en su rostro, además de que tenía una ligera lesión en el ojo derecho, que no pudo evitarse pese al esfuerzo que hiciera la abogada Prandy en cubrir su cara en el instante del fuego.
En la mañana del día siguiente se anunciaron las diligencias que se hacían para trasladar al senador Casimiro Castro y su compadre Matos Ferreras a un hospital especializado de Texas, ya que el equipo médico era de opinión que debían ser atendidos en un centro de salud con tecnología médica más avanzada, donde se les garantizase la esterilidad que necesitaban; y luego de una conversación con sus familiares y la dirigencia del PRD, se convino en transportarlos hacia la Zona del Canal de Panamá, en un avión Hércules C-130, de la Fuerza Aérea norteamericana, con personal médico y equipos de emergencia, que los conducirían el hospital militar Gorgas, donde serían internados.
Casimiro Castro había sido un persistente crítico de la política norteamericana en el país, pero sin embargo ese avión que lo llevaría a un mejor lugar para su sanación, había sido conseguido por la gentil diligencia de la legación diplomática de los Estados Unidos, aunque hubo también participación personal de Balaguer, quien se preocupó en “acelerar el tratamiento del legislador y su curación de las lesiones que sufrió en el deplorable atentado de que fue víctima”.
Oposición plantea condiciones para retornar al Congreso
El 24 de mayo de 1967 el bloque de legisladores del PRD supeditó su retorno a las cámaras legislativas a que el presidente Balaguer propiciare un mínimo de garantías ciudadanas, basadas en la eliminación del terrorismo y el castigo ejemplarizante de los culpables, y los principales líderes del Congreso realizaron diligencias para reunir a los congresistas opositores con el presidente Balaguer, quien recibió con beneplácito a una comisión encabezada por el senador Lovatón Pittaluga y se comprometió a tomar tres medidas esenciales para la creación de un clima de convivencia democrática y para el funcionamiento en las Cámaras de una oposición verdaderamente constructiva”. Esas medidas fueron, a saber: 1) Creación de un clima de absolutas garantías democráticas para toda la ciudadanía, partidos políticos y organizaciones sindicales; 2) Garantías para las emisoras radiales del país, para que se permitiera a los partidos democráticos y a las organizaciones sindicales utilizar espacios para sus programas, sin que esto conllevara ninguna clase de presión contra las empresas que alquilaran esos servicios; y 3) Garantizar para los militares constitucionalistas una efectiva reintegración en los cuerpos armados.
Balaguer, además de acceder a los tres puntos esenciales, expresó la conveniencia de que no se interrumpiera el diálogo entre el gobierno y la oposición y que se tomaran las medidas que fueran de lugar para que el Presidente de la República sea directamente informado de todo lo que afectara, en perjuicio de cualquiera de los partidos de oposición, el libre ejercicio de los derechos políticos inherentes al ciudadano dominicano.
Esa era la única forma que visualizaban los líderes de frenar un poco la represión y la barbarie terrorista que venía afectando a los dirigentes democráticos ubicados en la oposición al gobierno, para quienes era un verdadero riesgo transitar las calles de noche, ya que se exponían a ser agarrados “asando batatas”. Ejemplo de ello fue lo ocurrido con Ramón Emilio Mejía del Castillo (Comandante Pichirilo), quien fue asesinado en el primer mes de gobierno del presidente Balaguer (específicamente el 12 de agosto de 1966 en la zona intramuros de la ciudad de Santo Domingo), y lo que pasó el 17 de enero con la misteriosa desaparición de Guido Gil, luego de haber estado preso en la ciudad de La Romana; o la increíble muerte del militante catorcista Orlando Mazara, el 9 de febrero de 1967, según se dijo abatido por tropas del Ejército en la loma La Arabia de San José de Ocoa. Esa oleada terrorista alcanzó además en poco tiempo a otros dirigentes como Roberto Basilio Perdomo, William Jiménez, Luis de Peña y Roberto Nivar.
Retorno de los legisladores
El viernes 26 de mayo la prensa dio cuenta del retorno de los legisladores del PRD al Congreso, confiados en la palabra del presidente de la República de que se cumplirían las garantías mínimas exigidas por ellos, aunque esa decisión encontró resistencia entre algunos congresistas, como contaría el diputado altamireño doctor Luis Vargas, representante de la provincia de Puerto Plata, quien ofreció una rueda de prensa para desmentir su supuesta vacilación en el caso; pues la revista Ahora había divulgado la especie de que éste había recibido una oferta del gobierno para viajar a Washington, lo que fue en realidad un ofrecimiento que le hizo el líder de su bloque Jottin Cury, quien lo llamó por teléfono para hablarle de ese viaje y preguntarle si quería aceptarlo.
El diputado Vargas habló abundantemente de la resistencia interna a la reincorporación de los legisladores a sus curules, pero sobre todo de la carta que envió a la revista Ahora con la correspondiente aclaración a los conceptos erróneos emitidos; señalando que él nunca flaqueó mientras se mantuvo la protesta que motivó que su bloque parlamentario abandonara el Congreso; e indicó que siempre había sido enérgico en su manera de ser, un hombre de invariable conducta, que nunca había declinado ni siquiera por el hecho de ser hijo de un influyente hacendado altamireño llamado don Chano Vargas, muy amigo de Balaguer y reconocido dirigente reformista, quien no había podido convencerlo de que no fuera perredeísta.
Se debe recordar que inmediatamente los legisladores opositores regresaron a sus curules, se produjo una calurosa manifestación de cordialidad entre reformistas y perredeístas en los pasillos y oficinas del edificio congresual, con muchos abrazos, apretones de manos y chistes sobre lo acontecido. En primero en hacer su arribo al palacio congresional fue el diputado Tancredo Duluc, del Distrito Nacional, quien expresó que la palabra del presidente Balaguer había quedado empeñada frente a la concesión del bloque de volver al Congreso. Luego llegó el diputado por la provincia Peravia, Eliseo Romeo Pérez, quien expresó que fue sensata la decisión adoptada por su bloque ante las promesas hechas por el presidente de la República., agregando que ahora estaba en juego la palabra del presidente Balaguer de hacer cumplir las medidas que sometió el bloque opositor como condicionantes del regreso al Congreso.
La reintegración de los legisladores oposicionistas puso fin a una actitud de rebeldía mantenida durante 18 días, a raíz del atentado sufrido por el senador Pablo Rafael Casimiro Castro. La opinión generalizada entre los congresistas reintegrados era que la situación del país había mejorado un poco con el aminoramiento de los actos terroristas, aunque no habían desaparecido completamente las causas que dieron lugar a la protesta.
