San Juan, PR (23 de febrero de 2024) – El sistema educativo de Puerto Rico se encuentra en un estado crítico, con una burocracia ineficaz, maestros desmotivados y estudiantes que no alcanzan los estándares mínimos de aprendizaje.
Despilfarro y burocracia: Millones de dólares se han gastado en mantener una estructura administrativa desmedida, mientras que las escuelas carecen de recursos básicos. Los maestros denuncian la carga administrativa excesiva y el micromanagement como factores que contribuyen al agotamiento y la baja moral.
Estudiantes sin futuro: Los resultados de las pruebas estandarizadas son desalentadores, con un alto porcentaje de estudiantes que no alcanzan el nivel de competencia en materias básicas como lectura y matemáticas. A pesar de esto, el currículo educativo permanece anticuado y los métodos de enseñanza no se adaptan a las necesidades del siglo XXI.
Falta de internet y tecnología: La infraestructura tecnológica en las escuelas es deficiente, lo que limita el uso de herramientas digitales y la integración de la inteligencia artificial en el proceso educativo.
Educación Especial en abandono:
Un sistema plagado de burocracia y duplicación de trabajos de papel: La educación especial, lejos de ser un espacio de inclusión y desarrollo para estudiantes con necesidades diversas, se ha convertido en un laberinto de papeleo y burocracia. Los estudiantes sordos, en particular, se encuentran en una situación de abandono, sin acceso a una educación adecuada y sin mecanismos para defender sus derechos.
La falta de oportunidades: La carencia de centros educativos especializados para la comunidad sorda limita su acceso a la educación. Muchos estudiantes se ven obligados a asistir a escuelas regulares sin el apoyo necesario, lo que dificulta su aprendizaje y desarrollo social. La falta de intérpretes y de personal capacitado en lengua de señas agrava aún más la situación.
Estudiantes en el limbo: El sistema educativo actual no solo ignora las necesidades de la comunidad sorda, sino que también los coloca en una posición vulnerable. La falta de seguimiento y evaluación de su progreso académico los deja a la deriva, sin oportunidades para alcanzar su máximo potencial.
Leyes sin dientes: Las leyes que protegen los derechos de los estudiantes con necesidades especiales son letra muerta. La falta de mecanismos de seguimiento y sanción para quienes las incumplen deja a la comunidad sorda sin recursos para defenderse.
Un llamado a la acción: Es urgente que las autoridades educativas tomen medidas para garantizar el acceso a una educación de calidad para la comunidad sorda. Se necesita invertir en infraestructura, capacitación de personal y creación de programas especializados que atiendan sus necesidades específicas.
La comunidad sorda no puede seguir siendo ignorada. Su derecho a una educación digna y a un futuro próspero es una responsabilidad de todos. Es hora de romper las cadenas de la burocracia y abrir las puertas a una educación inclusiva y de calidad para todos.
Un futuro por construir: La educación es la llave que abre las puertas al desarrollo personal y profesional. La comunidad sorda tiene el potencial de aportar a la sociedad de una manera significativa. Es hora de brindarles las herramientas necesarias para que puedan construir un futuro mejor.
Un grito que se convierte en esperanza: La lucha de la comunidad sorda por una educación digna es un grito que se convierte en esperanza. Es un llamado a la acción, a la responsabilidad y a la construcción de una sociedad más justa e inclusiva.
¡Es hora de escuchar el silencio de la comunidad sorda!
Propuestas para el cambio:
- Desmantelar la burocracia: Cerrar el sistema central, las oficinas regionales y cancelar contratos externos que no aportan al aprendizaje.
- Empoderar a las escuelas: Implementar un nuevo modelo donde los maestros de cada escuela diseñen el currículo en base a las necesidades de sus estudiantes.
- Liderazgo efectivo: Los directores deben ser seleccionados por los maestros y la comunidad, priorizando su capacidad como educadores y líderes.
- Compromiso: Implementar nuevos contratos con padres y estudiantes que establezcan expectativas claras de comportamiento y consecuencias.
- Estabilidad docente: Ofrecer contratos de 10 años y salario básico de $45,000 a los maestros nuevos para garantizar su permanencia en las escuelas y el seguimiento del progreso de sus estudiantes. Los maestros que no enseñen puedan despedirse de inmediato para evitar que afecten al estudiante.
- Evaluación justa: Eliminar la práctica de pasar de grado a estudiantes que no dominan las habilidades básicas.
- Reforma de programas de verano: Asegurar que los programas de verano se enfoquen en el aprendizaje real y no en la obtención de calificaciones sin fundamento.
La transformación del sistema educativo de Puerto Rico es urgente e impostergable. Se requiere un compromiso real con la educación de las futuras generaciones, poniendo fin a la burocracia ineficaz y empoderando a los maestros para que sean los protagonistas del cambio. Solo así se podrá construir un sistema educativo que prepare a los estudiantes para el éxito en el siglo XXI.