La constitución de Puerto Rico continua siendo pisoteada por el Congreso de los Estados Unidos. El poder supremo le permite obviar la constitución del gobierno local que protege al boricua para evitar cualquier cambio que afecte los intereses económicos de los inversionistas de USA. Tanto así que los pobres y personas retiradas con pensiones de hambre serán los que paguen por la deuda del préstamo de la corporación publica de la autoridad de energía eléctrica. Esta acción fue impuesta a la fuerza por el congreso de USA y no por los puertorriqueños de una forma democrática. Por décadas los puertorriqueños han estado bajo la bota y siguen pensando que el trato desigual y la discriminación son buenos.