Cómo seguimos maltratando a la juventud de Puerto Rico desde la escuela pública
Hay bosques que se cruzan y bosques en los que uno se queda atrapado para siempre. El sistema de educación pública de Puerto Rico pertenece a la segunda categoría. Generación tras generación, miles de niños y jóvenes entran a sus aulas con curiosidad, con preguntas, con esa chispa natural que todo ser humano trae al nacer, y salen —cuando salen— con el paso torpe de quien ha caminado años entre árboles sin ver nunca el cielo. No es una metáfora exagerada. Es, con matices, la biografía educativa de generaciones completas de puertorriqueños.
Un sistema que no falla: cumple su propósito
Conviene abandonar de una vez la ficción de que el Departamento de Educación “falla” en su misión. Un sistema que produce, año tras año, décadas tras década, los mismos resultados devastadores —bajísima comprensión lectora, matemática rudimentaria, deserción encubierta, egresados sin destrezas para pensar de forma independiente— no está fallando: está funcionando exactamente como fue diseñado para funcionar. La diferencia entre un accidente y un patrón es la repetición, y aquí llevamos generaciones repitiendo el mismo desenlace.
Ese diseño no busca formar ciudadanos capaces de cuestionar, crear o competir. Busca formar dependientes. Adultos que necesiten un padrino político para conseguir empleo, un favor para resolver un trámite, una dádiva electoral para sentir que el gobierno “los atiende”. La ignorancia funcional no es un efecto secundario lamentable del sistema; es su producto más rentable, porque un pueblo que no sabe leer con profundidad, que no sabe argumentar, que no distingue un dato de una consigna, es un pueblo fácil de gobernar y más fácil todavía de saquear.
El miedo como currículo oculto
Además de las letras y los números —que ya de por sí se enseñan mal—, la escuela pública puertorriqueña imparte, sin ponerlo en ningún documento oficial, un currículo oculto mucho más eficaz: el miedo. Miedo a equivocarse, miedo a opinar distinto, miedo a emprender, miedo a pensar por cuenta propia. Se premia la obediencia mecánica y se castiga, con indiferencia o con burla, la curiosidad genuina. Así se cierra el círculo: un estudiante que teme pensar de forma independiente se convierte, casi automáticamente, en un adulto que depende de otros para decidir su vida, su voto y su futuro.
La propaganda disfrazada de política pública
A ese cuadro hay que sumarle la manera en que el aparato político ha convertido la educación en terreno fértil para la propaganda. Reorganizaciones cosméticas que expanden la burocracia en lugar de reducirla, inversiones millonarias en programas de vitrina —como escuelas bilingües anunciadas con bombos y platillos mientras miles de estudiantes ni siquiera dominan su primer idioma—, posiciones creadas para acomodar lealtades partidistas más que para atender salones de clase: todo eso se presenta como “transformación educativa” cuando, en realidad, es administración del fracaso con fines electorales. El dinero que debería llegar al salón —a los materiales, al maestro, a la infraestructura, al niño— se queda enredado en capas de nombramientos de confianza, consultorías innecesarias y anuncios que se disuelven en la próxima campaña.
El síntoma de un mal mayor
Nada de esto ocurre en el vacío. El deterioro del sistema educativo es apenas la manifestación más dolorosa de un gobierno que ha demostrado, con hechos y no con discursos, su ineptitud, su desarticulación interna y su disfuncionalidad crónica. Agencias que no se hablan entre sí, presupuestos que se diseñan para sobrevivir auditorías y no para servir al ciudadano, funcionarios que rotan entre gobiernos y partidos sin que cambie jamás el resultado para la gente: ese es el ecosistema en el que se cría —o se maltrata— a la niñez puertorriqueña. Cuando un gobierno no puede garantizar agua potable confiable, electricidad estable ni seguridad ciudadana, es previsible que tampoco pueda —o quiera— garantizar educación de calidad. Las necesidades básicas y los derechos humanos más elementales quedan subordinados a la supervivencia de una maquinaria política que se protege a sí misma antes que proteger a sus ciudadanos.
Una intervención que ya no debería sorprender a nadie
Frente a un patrón de tantos años, con evidencia acumulada y sin señales creíbles de corrección desde adentro, la pregunta ya no debería ser si se justifica una intervención externa, sino cuánto tiempo más se puede esperar para pedirla. Una sindicatura federal que asuma el control fiscal y operacional de las agencias esenciales —comenzando por Educación— no sería un acto de humillación colonial, como algunos insistirán en pintarlo, sino el reconocimiento honesto de una realidad: cuando una estructura de gobierno ha demostrado, de manera sostenida, que es incapaz de administrar con transparencia los fondos destinados a la niñez y la juventud, la protección de esos derechos exige un mecanismo de supervisión con dientes, independiente del ciclo político local que ha perpetuado el problema.
No se trata de sustituir la soberanía de un pueblo; se trata de rescatar a un pueblo de quienes, desde dentro, la han secuestrado. Los niños que hoy están perdidos en ese bosque de la ignorancia no eligieron entrar en él. Fueron llevados de la mano, confiados, prometiéndoles luz al final del camino. Es hora de que alguien, desde afuera si es necesario, encienda esa luz.
Puerto Rico no necesita más anuncios ni más reorganizaciones de papel. Necesita que alguien, finalmente, rinda cuentas por el dinero de sus niños.