OSCEOLA 360
La radiografía investigativa del Condado de Osceola
Publicación oficial de El Sol de la Florida
Por Marcos A. Tejeda
Publisher & Editor-in-Chief
El Sol de la Florida
El sheriff Chris Blackmon suspende el uso de las cámaras lectoras de matrículas Flock mientras Florida ordena retirarlas de las carreteras estatales. La decisión abre una pregunta mucho más grande que una cámara: ¿hasta dónde debe llegar la tecnología policial antes de convertirse en vigilancia?
Durante años, la tecnología prometió ofrecerle a la policía algo que ningún departamento podía tener:
ojos en todas partes.
Una cámara podía leer una matrícula.
Compararla con bases de datos.
Identificar un vehículo relacionado con una investigación.
Alertar a un agente.
Y ayudar a reconstruir por dónde había pasado un automóvil.
Ahora Osceola County ha decidido apagar esos ojos.
El sheriff Chris Blackmon anunció ayer que su agencia suspenderá el uso de sus cámaras automatizadas de lectura de matrículas mientras Florida redefine las reglas que deben gobernar esta tecnología.
Blackmon no lo hizo porque considere inútiles las cámaras.
Todo lo contrario.
Las calificó como una herramienta de enorme valor para las fuerzas del orden.
Su argumento fue más complicado:
una herramienta policial puede ser efectiva y, al mismo tiempo, necesitar límites.
Ahí comienza la verdadera historia.
Florida puso el freno primero
El cambio comenzó el lunes.
El Florida Department of Transportation (FDOT) revocó los permisos que permitían a agencias policiales operar sistemas automatizados de lectura de matrículas —conocidos como ALPRs— dentro de los derechos de vía de carreteras pertenecientes al sistema estatal.
Las agencias tienen 30 días para retirar esos equipos.
FDOT también suspendió la emisión de nuevos permisos.
La justificación oficial merece atención.
El Estado citó el crecimiento acelerado de estos sistemas junto con reportes preocupantes sobre uso indebido, privacidad de datos y esquemas de vigilancia.
La orden no se limita exclusivamente a una marca.
Abarca sistemas automatizados de lectura de matrículas instalados en derechos de vía estatales, aunque buena parte de la controversia se ha concentrado en las cámaras fabricadas por Flock Safety.
En Osceola, eso puede alcanzar corredores estatales importantes, incluyendo áreas de U.S. 192 y U.S. 17-92.
Blackmon fue más lejos
Aquí aparece la parte particularmente importante para Osceola.
La orden de FDOT exige retirar lectores ubicados en derechos de vía estatales.
Blackmon anunció que la Oficina del Sheriff apagará sus cámaras mientras se revisa el sistema y los legisladores establecen controles más claros.
Eso convierte su decisión en algo más que cumplir mecánicamente con una orden de transporte.
Es una pausa operacional.
Y Blackmon explicó públicamente la contradicción.
Las cámaras, según el sheriff, han sido una herramienta “muy, muy valiosa” para las fuerzas del orden.
Pero también sostuvo que su utilización tiene que ser controlada.
Esa frase debería convertirse en el centro de la discusión:
¿quién controla a la herramienta que ayuda a controlar?
La cámara no solamente fotografía una matrícula
Para comprender la controversia hay que entender qué hace esta tecnología.
Un Automated License Plate Reader puede capturar información de un vehículo cuando pasa frente a la cámara.
Eso permite a las autoridades buscar vehículos asociados con delitos, personas desaparecidas, vehículos robados u otras investigaciones.
Utilizada correctamente, esa capacidad puede reducir enormemente el tiempo necesario para localizar un automóvil.
Pero la misma tecnología produce otro resultado:
crea información sobre dónde estuvo un vehículo y cuándo estuvo allí.
Una sola lectura dice poco.
Miles o millones de lecturas almacenadas y consultables crean algo mucho más poderoso:
un registro potencial de movimientos.
Ahí la discusión deja de ser únicamente policial y comienza a convertirse en una discusión constitucional y de privacidad.
El problema no es necesariamente la cámara; es la base de datos
Una cámara tradicional observa un lugar.
Una red de lectores de matrículas puede hacer algo distinto.
Puede conectar lugares.
Un vehículo aparece aquí.
Después allí.
Después en otro punto.
Cuando esas lecturas pueden consultarse entre múltiples jurisdicciones, la utilidad policial aumenta.
Pero también aumenta la capacidad de vigilancia.
Por eso las preguntas importantes no deben limitarse a:
¿Dónde están las cámaras?
Hay otras mucho más importantes.
¿Durante cuánto tiempo se conserva la información?
¿Quién puede buscarla?
¿Qué justificación necesita un agente para hacer una consulta?
¿Puede otra agencia acceder a los datos de Osceola?
¿Puede Osceola consultar datos capturados fuera del Condado?
¿Queda registrado quién realizó cada búsqueda?
¿Quién audita esas consultas?
¿Qué ocurre cuando un empleado utiliza el sistema para una finalidad personal?
¿Puede un ciudadano saber si sus datos fueron consultados indebidamente?
La cámara es solamente la puerta de entrada.
El verdadero poder está en la información que queda detrás.
James Uthmeier quiere que la Legislatura intervenga
El fiscal general de Florida, James Uthmeier, apareció ayer en Kissimmee junto a Blackmon y reconoció precisamente esa tensión.
Uthmeier no descartó el valor policial de los lectores.
Ha reconocido que existen usos legítimos y específicos de esta tecnología.
Pero también dijo que Florida necesita protecciones legislativas y anticipó trabajo con el gobernador y la Legislatura para establecerlas.
Su posición refleja el problema que ahora enfrenta el Estado.
Prohibir completamente una herramienta capaz de localizar delincuentes, vehículos robados o personas en peligro puede tener consecuencias para la seguridad.
Permitir una red de vigilancia prácticamente sin límites también puede tenerlas para la libertad individual.
La política pública tendrá que encontrar el punto entre ambos extremos.
Osceola debe explicar qué estaba funcionando antes de apagarlo
Si Blackmon sostiene que las cámaras han sido tan valiosas, los residentes deberían conocer exactamente cuánto valor estaban produciendo.
¿Cuántas cámaras operaba la Oficina del Sheriff?
¿Cuántas estaban instaladas en carreteras estatales?
¿Cuántas en otras vías?
¿Cuánto costó instalar la red?
¿Cuánto cuesta anualmente?
¿Cuántas alertas produjo durante el último año?
¿Cuántos vehículos robados ayudó a recuperar?
¿Cuántas personas desaparecidas ayudó a localizar?
¿Cuántos arrestos o investigaciones tuvieron asistencia directa del sistema?
¿Cuántas búsquedas realizaron los agentes?
¿Y cuántas quejas o investigaciones por posible uso indebido se produjeron?
Sin esos números, tanto quienes defienden como quienes atacan las cámaras estarán discutiendo principalmente desde posiciones ideológicas.
Los datos permitirían una discusión diferente.
También necesitamos saber qué significa exactamente “apagarlas”
Esta es otra pregunta importante.
Desactivar una cámara no necesariamente responde qué ocurre con la información que ya fue recopilada.
¿Permanece almacenada?
¿Por cuánto tiempo?
¿Puede continuar siendo consultada?
¿Puede ser utilizada en investigaciones existentes?
¿Qué ocurre con solicitudes de preservación de evidencia?
¿Qué ocurre con casos criminales donde datos de lectores de matrículas forman parte de la evidencia?
WFTV informó ayer que la suspensión está generando precisamente interrogantes sobre la información ya almacenada y sobre posibles desafíos legales relacionados con evidencia obtenida mediante estos sistemas.
Osceola debería publicar una política clara.
Porque apagar el dispositivo es una decisión tecnológica.
Decidir qué ocurre con los datos es una decisión jurídica.
La decisión llega en un momento especialmente interesante para Blackmon
La suspensión también ofrece una ventana hacia el estilo de liderazgo del nuevo sheriff.
Blackmon asumió una agencia que necesita reconstruir confianza institucional mientras simultáneamente enfrenta las demandas de seguridad de un condado en rápido crecimiento.
En los últimos días OSCEOLA 360 documentó que Osceola busca servicios profesionales para diseñar una futura West Command Station del Sheriff.
También está estudiando las futuras necesidades de su sistema correccional.
Ahora aparece una tercera dimensión:
tecnología policial.
Más agentes no es la única forma de aumentar capacidad.
La tecnología puede multiplicar lo que un agente puede observar, investigar y localizar.
Pero cuanto mayor sea ese poder, mayores deben ser los controles.
Blackmon parece estar reconociendo esa ecuación.
Ahora tendrá que demostrar cómo pretende resolverla.
Seguridad y privacidad no deberían tratarse como enemigos
El debate corre el riesgo de caer rápidamente en dos posiciones demasiado simples.
Una:
“Si no has cometido un delito, no tienes nada que esconder.”
La otra:
“Cualquier cámara policial constituye vigilancia inaceptable.”
Ninguna resuelve el problema.
Un residente puede querer que la policía encuentre rápidamente el automóvil utilizado para secuestrar a un niño y, al mismo tiempo, no querer que exista una base de datos capaz de reconstruir rutinariamente sus movimientos sin causa.
Esas posiciones no son contradictorias.
La pregunta correcta es si podemos conservar el beneficio investigativo estableciendo límites suficientemente fuertes para impedir abusos.
Eso significa reglas.
Auditorías.
Acceso restringido.
Retención limitada.
Sanciones por uso indebido.
Transparencia.
Y posiblemente requisitos legales diferentes según el tipo de búsqueda.
El costo también debe entrar en la investigación
Hay otra dimensión que todavía recibe poca atención.
Los contribuyentes pagaron por estas herramientas.
Si las cámaras quedan apagadas durante meses o terminan siendo retiradas permanentemente, necesitamos saber cuánto dinero público queda sin utilizar.
¿Cuánto ha pagado Osceola County a Flock Safety o a otros proveedores?
¿Cuáles contratos están vigentes?
¿Existen cláusulas de cancelación?
¿Quién es propietario de los equipos?
¿El Condado puede recuperar parte del dinero?
¿La suspensión detiene pagos futuros?
¿Hay cámaras compradas por HOAs, CDDs u otras entidades que comparten información con las autoridades?
Esa última pregunta es particularmente relevante en un condado lleno de comunidades residenciales administradas mediante asociaciones y distritos especiales.
La red de vigilancia pública puede ser solamente una parte del ecosistema.
Kissimmee y St. Cloud también deben aclarar sus políticas
La decisión del Sheriff no debería cerrar la investigación.
Debería ampliarla.
La Oficina del Sheriff es una agencia.
Kissimmee Police Department y St. Cloud Police Department son otras.
OSCEOLA 360 buscará determinar cuántos lectores automatizados opera cada una, dónde se encuentran, qué contratos mantienen, si continúan activos fuera de carreteras estatales y qué políticas gobiernan el acceso a los datos.
También debemos mirar cámaras financiadas o instaladas por entidades privadas que puedan compartir información con las fuerzas del orden.
Porque un residente no debería necesitar conocer qué uniforme lleva un agente para saber quién puede consultar el historial de movimiento de su automóvil.
Impacto para la comunidad
Para la víctima de un delito, perder temporalmente una herramienta investigativa efectiva puede tener consecuencias.
Para el ciudadano preocupado por su privacidad, detener una red hasta establecer reglas claras puede representar una protección necesaria.
Para el contribuyente, existe otra pregunta:
¿qué ocurre con el dinero invertido en equipos que ahora están apagados?
Y para Blackmon, la decisión crea una responsabilidad.
Si las cámaras vuelven a encenderse, el público debería conocer antes las reglas bajo las cuales funcionarán.
No después.
Qué debemos observar
Esta investigación apenas comienza.
Primero, necesitamos el inventario completo de lectores utilizados por la Oficina del Sheriff de Osceola.
Segundo, los contratos y costos asociados.
Tercero, las políticas de retención, búsqueda y auditoría de datos.
Cuarto, el número de casos en que la tecnología produjo resultados policiales verificables.
Quinto, qué ocurre ahora con la información histórica.
Sexto, qué harán Kissimmee y St. Cloud.
Y finalmente, qué protecciones propone exactamente la Legislatura antes de permitir que sistemas como estos vuelvan a operar.
Esas respuestas permitirán determinar si Florida está corrigiendo un problema concreto o reaccionando políticamente ante una tecnología controvertida.
Conclusión editorial
La decisión de Chris Blackmon merece más análisis que aplausos o críticas automáticas.
El sheriff está reconociendo dos verdades al mismo tiempo.
Las cámaras funcionan.
Y el poder que proporcionan necesita límites.
Eso es precisamente lo que hace importante esta discusión.
La tecnología policial siempre avanza más rápido que las leyes que intentan controlarla.
Primero aparece la herramienta.
Después descubrimos todo lo que puede hacer.
Y solamente entonces comenzamos a preguntar qué debería permitírsele hacer.
Osceola está ahora en ese punto.
Las cámaras están apagadas.
Pero las preguntas apenas comienzan a encenderse.
Porque en una sociedad libre, la seguridad importa.
La privacidad también.
Y cuando una tecnología puede observar a miles de ciudadanos que no son sospechosos de ningún delito para encontrar a uno que sí lo es, el debate no debería ser simplemente si funciona.
La pregunta debe ser:
¿quién vigila al que vigila?
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Por Marcos A. Tejeda
Publisher & Editor-in-Chief
El Sol de la Florida