El analfabetismo funcional en Puerto Rico
Por Dr. Edgar León
Puerto Rico padece una epidemia que ataca todos los días a los niños de la escuela pública y que ninguna agencia ha tenido el valor de declarar. No produce fiebre ni abre los noticiarios. Produce algo peor: generaciones que pasan de grado en grado sin comprender lo que leen. Mientras tanto, el sistema se desvive por producir papeles, formularios, informes y procesos, y el niño que no lee se pierde entre ellos, porque no existe un formulario donde su fracaso tenga consecuencias.
Los números del propio Departamento de Educación (DE) son el primer testigo. Según un recuento de prensa, desde 2017 la proficiencia en español de las pruebas META cayó de 48.8% a 35.5%. Un informe de febrero de 2025 señaló que, en las pruebas de 2023-2024, español, la materia mejor calificada, apenas llegó a 39.6%. Para el año escolar 2024-2025, el DE presentó una mejora a 51% en español, pero eso significa que 49% de los niños sigue sin dominar su propio idioma. Celebrar ese 51% es como celebrar que el hospital salvó a la mitad de los pacientes.
Luego está el engaño de las notas. Un análisis de El Nuevo Día sobre el año escolar 2016-2017 encontró que el 62% de los estudiantes de undécimo grado terminó con notas de A y B, mientras solo 28 escuelas reportaron que más de la mitad de sus alumnos pasó las pruebas META. Un funcionario universitario citado por Metro informó que el 79% de los estudiantes de nuevo ingreso tenía que tomar español básico y el 90% matemática básica. El sistema entrega la nota, muchos padres la aceptan y hasta la reclaman, y tres semanas de verano se encargan de convertir el rezago en una promoción. Todos aparentan, y el niño aprende la lección más dañina de su vida escolar: que mentir y engañarse se resuelve con una nota regalada. A esa deformación la llamo por su nombre: fraude educativo, y sus víctimas son los propios niños.
Ni siquiera tenemos un espejo externo donde mirarnos. En 2026 Puerto Rico participa solo en la evaluación de matemáticas de NAEP, porque el Departamento de Educación federal lo eximió de la de lectura, ya que esta mide lectura en inglés y el español es el idioma de enseñanza. La razón es técnica, pero el efecto es que el País no cuenta con una medida externa y comparable de cuán bien leen sus niños en español. Y hasta una resolución del Senado de Puerto Rico habló de una cantidad inaudita de estudiantes de corriente regular promovidos hasta sexto grado sin destrezas de lectoescritura. El propio Capitolio lo sabe.
Que cada legislador se siente en un salón
Propongo algo simple y obligatorio por ley: cada legislador, de la Cámara y del Senado, debe pasar un día escolar completo en una escuela elemental o intermedia pública. Sentado en el salón, desde el timbre de entrada hasta el de salida. Sin séquito, sin recorrido de cortesía con la directora, sin un espectáculo preparado para recibirlo. Que escuche leer a los niños de su grado, que vea quién no puede, que sude con ellos y que observe cómo se pierde media hora en un formulario. Que se siente al lado del niño de quinto grado que no puede leer una oración y sienta lo que siente ese niño: vergüenza, frustración, rabia. Después, que rinda un informe público y firmado de lo que vio.
La medida debe diseñarse con reglas claras: coordinación previa con la dirección escolar, el mismo proceso de autorización que se exige a cualquier visitante, prohibición de fotografiar o grabar a menores y un plazo fijo para rendir el informe. El DE podrá objetar que un visitante interrumpe la clase. Es un argumento pobre frente a un sistema que interrumpe a diario el aprendizaje de los niños con papeleo, apagones y calor. Quien vota presupuestos para una escuela que nunca ha visto por dentro legisla a ciegas. Si ese día le resulta insoportable, que recuerde que para los niños y los maestros es un día cualquiera.
La voz del magisterio
Los maestros llevan años diciéndolo, y el País ha preferido no escuchar. Un censo de la Asociación de Maestros inspeccionó 675 escuelas, el 79% del total, antes del año escolar 2025-2026, y halló problemas persistentes con energía eléctrica, agua potable y ventilación. En 2024, el líder de la Federación de Maestros, Edwin Morales Laboy, advirtió en una columna que los apagones recurrentes y las fluctuaciones de voltaje atentan contra la enseñanza y contra la estabilidad emocional de la comunidad escolar, y señaló escuelas de la región de Bayamón, como la Efraín Sánchez Hidalgo en Toa Baja, la Carmen Barroso y la Cacique Agueybana, que tuvieron que suspender clases por una falla del consorcio privado que opera la red. Ese mismo año, la Federación denunció que, tras la tormenta Ernesto y a días del inicio de clases, más de 40 escuelas estaban sin electricidad y ocho sin agua potable, y describió equipos dañados, fuentes de agua que dejan de operar e inodoros que no funcionan. En enero de 2026, la presidenta de la Federación, Mercedes Padilla, volvió a señalar problemas viejos: falta de maestros y dificultades con el agua y la luz.
Esas son las voces de quienes están frente al salón. Invito a los maestros que lean este artículo a escribirme y contar lo que viven cada día. Sus testimonios, con su consentimiento, serán la mejor evidencia que podamos presentarle al País.
El salón sin luz y sin internet
No se puede enseñar a leer en un horno. Una encuesta de la Asociación de Maestros reportó emergencias por calor en aproximadamente la mitad de las escuelas públicas. Cuando el DE repartió abanicos, resultaron inútiles en las escuelas que no tenían servicio eléctrico. Una psicóloga
escolar de la UPR advirtió que el calor actúa como estresor que dispara la ansiedad y reduce la memoria. Desde la llegada de LUMA en 2021, los clientes han promediado 13 horas anuales sin luz y cuatro interrupciones al año. Tras el huracán María, el semestre se reanudó con cerca del 40% de las escuelas sin electricidad. Cada apagón es un día de lectura perdido, y cada día perdido se acumula sobre el niño que ya iba rezagado.
En internet, la situación es igual de vergonzosa. Un estudio de la UPR estimó que cerca del 30% de los estudiantes del sistema público no tenía computadora o no tenía internet. Entre 2014 y 2018, solo el 56% de los hogares de Puerto Rico estaba suscrito a banda ancha. En 2020, a dos semanas del semestre virtual, solo el 49% de los maestros tenía una computadora en sus manos, y los sindicatos magisteriales confirmaron que el deficiente servicio de internet es un obstáculo central en las escuelas. En pleno siglo XXI, le exigimos al niño puertorriqueño que compita con el mundo desde un salón sin luz ni conexión.
La factura de la ineptitud
Una escuela que no enseña a leer produce ciudadanos que no pueden fiscalizar y gobernantes a quienes nadie puede exigir. Esa ineptitud se acumula y se paga. Entre mayo y julio de 2017, la Junta de Supervisión Fiscal inició los procedimientos de reestructuración de deuda bajo el Título III de PROMESA, un proceso similar a la quiebra, para el Gobierno, COFINA, el Sistema de Retiro, la Autoridad de Carreteras y la Autoridad de Energía Eléctrica. Al entrar en su noveno año, el caso de la AEE sigue sin resolverse, y los honorarios de asesores y consultores de todas las partes en los casos del Título III superan los $1,500 millones, una cifra récord para una reestructuración de este tipo.
Sería simplista atribuir la quiebra a una sola causa. La eliminación gradual de los incentivos federales de la Sección 936, la recesión que se prolonga desde mediados de la década de 2000 y la migración también pesaron. Pero administrar mal esas crisis, ocultarlas y financiar con deuda gastos recurrentes fueron decisiones de gobernantes y funcionarios, y tomar buenas decisiones exige formación técnica y capacidad de comprender lo que se lee, se firma y se contrata. Un gobierno quebrado, una corporación pública que lleva casi una década en quiebra y una red eléctrica que apaga las escuelas son los síntomas de un mismo mal: un País que no ha formado a sus ciudadanos para exigir, administrar y reconstruir.
El antídoto
Hay que romper el sistema, no maquillarlo. Propongo cerrar el Departamento de Educación tal como existe y refundarlo desde cero, como si fuéramos un país nuevo: automatizado, creativo, donde los niños aprendan haciendo, sin notas de complacencia ni burocracia. No más del 5% de los fondos debe ir a administración; el resto pertenece al estudiante, al maestro y a la escuela. La refundación debe diseñarse de modo que cumpla los requisitos federales aplicables a una agencia estatal de educación, para no poner en riesgo los fondos de Título I y de IDEA, y esa agencia nueva debe ser pequeña, técnica y transparente.
Mientras llega esa transformación, hay cuatro exigencias inmediatas: que ningún niño pase de grado sin dominar la lectura, que cada legislador pase su día en el salón, que ninguna escuela abra sin luz, agua e internet, y que se declare de una vez la emergencia educativa que el País necesita. Un sistema que dejó de funcionar hace décadas no merece sobrevivir por inercia.
Fuentes consultadas. Metro Puerto Rico (resultados META-PR de febrero y agosto de 2025; censo de la Asociación de Maestros, agosto de 2025; denuncia de la Federación de Maestros sobre escuelas sin luz y agua, agosto de 2024; columna de Edwin Morales Laboy, septiembre de 2024; inicio del segundo semestre, enero de 2026; estudio de la UPR sobre acceso a internet, octubre de 2020; reportaje sobre computadoras y maestros, agosto de 2020); Primera Hora (caída de proficiencia desde 2017); El Nuevo Día (notas y proficiencia en 2016-2017; acceso a internet y banda ancha); Centro Nacional de Estadísticas de Educación de EE.UU. (NAEP 2026 en Puerto Rico); Resolución del Senado de Puerto Rico 348 de 2022; Associated Press y Univision (calor y apagones en escuelas); NBC News (encuesta de la Asociación de Maestros sobre calor); Diario Las Américas (escuelas sin electricidad tras el huracán María); Digital Policy & Law, DPL News (conectividad escolar); Centro para una Nueva Economía (informe de marzo de 2026 sobre el caso de la AEE bajo el Título III); presupuesto.pr.gov (reestructuración de deuda bajo PROMESA).