Santo Domingo, R. D.-En la Republica Dominicana la Magistrada Jueza Kenya Romero emitió hoy su decisión en el conocimiento de medida de coerción de la Operación Coral, en la cual enviaba a Prisión a todos los Oficiales y Subalternos de las diferentes Instituciones castrenses implicadas en el caso de Corrupción. La magistrada decidió prisión por 18 meses contra todos los implicados en el caso.

Adán Cáceres Silvestre, ex-jefe de escolta del expresidente de la República Danilo Medina; el teniente coronel de la Policía, Rafael Núñez de Aza; el cabo de la Policía e hijo de la pastora, Tanner Antonio Flete Guzmán y el sargento Alejandro José Montero Cruz la cumplirán en el centro Najayo hombres, en San Cristóbal.

En el caso de la pastora Rossy Guzmán Sánchez, le fueron impuestos 18 meses de prisión en el penal Najayo mujeres.

Sobre el mayor del Ejército Raúl Alejandro Girón Jiménez, fue enviado a prisión domiciliaria con información confidencial del lugar. La jueza entiende pertinente la solicitud del Ministerio Público y aprobó la confidencialidad de su prisión domiciliaria, de modo que cualquier notificación o convocatoria.

La revisión obligatoria de la medida de coerción será el próximo martes 10 de agosto. La jueza valoró que existe pluralidad de personas identificadas y de conductas con tipos penales para declarar el caso complejo, como lo había pedido el Ministerio Público.

El caso

27 allanamientos en el Distrito Nacional, el Gran Santo Domingo, San Pedro de Macorís, Monte Plata y Samaná pusieron en marcha el pasado 24 de abril a la Operación Coral, la acción contra la corrupción administrativa más recientes del Ministerio Público.

Bienes muebles e inmuebles millonarios, un gran cúmulo de documentaciones y armas de fuego fueron algunos de los elementos encontrados por el MP en las viviendas de los imputados, que más tarde sirvieron como prueba ante los tribunales para inculparlos en el caso.

Los imputados en la Operación Coral fueron Adán Cáceres Silvestre, exjefe de escolta del expresidente de la República Danilo Medina; la pastora, Rossy Guzmán Sánchez; el teniente coronel de la Policía, Rafael Núñez de Aza; el cabo de la Policía e hijo de la pastora Tanner Antonio Flete Guzmán; el mayor del Ejército Raúl Alejandro Girón Jiménez y  el sargento Alejandro José Montero Cruz.

El MP acusó a estos seis de asociación de malhechores, estafa contra el Estado dominicano, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos, lavado de activos, entre otros delitos. Desde que sucedieron los allanamientos, los imputados fueron llevados al Centro de Atención y Privación de Libertad Ciudad Nueva, que está bajo custodia del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria.

Contra los implicados, los fiscales del órgano persecutor pidieron a la jueza Kenya Romero 18 meses de prisión preventiva a cumplirse en las cárceles Najayo Hombres y Najayo Mujeres, a excepción de Girón, contra quien piden prisión domiciliaria, y declarar el caso complejo dada la profundidad de la investigación.

Con relación a Girón el pedimento fue variado ya que en principio se había solicitado prisión en Najayo pero producto de sus declaraciones el Ministerio Público estimó conveniente la prisión domiciliaria, en una casa secreta que solo conocerían el tribunal y la Procuraduría.

Las audiencias para el conocimiento de la medida de coerción de los integrantes del supuesto entramado militar, policial, societario y religioso se extendieron por varios días, tres en total, luego de numerosas objeciones, aplazamientos, una recusación y “discursos” de defensa de los imputados.

Este lunes la magistrada Romero tuvo la decisión final en el caso que ha “mantenido en vela” desde el 24 de abril al país.

Las acusaciones del Ministerio Público

Entre los principales acusados en el caso figuran el mayor general Cáceres Silvestre y el teniente coronel de la Policía Nacional, Rafael Núñez de Aza, quienes según la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) colocaron activos en la banca nacional creando certificados financieros en pesos dominicanos y en dólares estadounidenses, que servían de soporte para tomar préstamos pagados en “tiempo récord” sin siquiera haber tocado los valores de los certificados.

Los fiscales en el caso indicaron que se produjo “una unión simbiótica” entre el coronel Núñez de Aza y el general Adán Cáceres, los cuales llevaron a cabo una “estrategia de colocación de millones de pesos” para lavar activos provenientes de los delitos de corrupción.

Según los fiscales, los imputados no “tenían cómo explicar la fortuna que habían generado como resultado del desfalco”, por lo que involucraron a otros acusados de la red criminal: a la pastora evangélica Rossy Guzmán y al cabo de la Policía Tanner Flete.

De acuerdo con la Pepca, se emitían cheques desde la cuenta bancaria de Núñez De Aza a nombre de la pastora y del cabo con la finalidad de “colocar activos del crimen”.

Asimismo, la solicitud de medida de coerción señala que el cabo de la Policía Nacional, Eric Daniel Pereyra Núñez, “colaboraba constantemente en la movilización de fondos” bajo la orden del teniente coronel Núñez De Aza.

El órgano señaló en la audiencia que el supuesto entramado societario no creó, extrañamente, ninguna alerta dentro del sistema financiero nacional a pesar de todo el dinero que movieron durante ocho años.

Según el MP, las cifras devengadas de las actividades ilícitas ascienden a los RD$3,000 millones.

Durante la audiencia, los fiscales indicaron que sólo el coronel Núñez de Aza manejó en una cuenta bancaria corriente la suma de 177 millones de pesos.

De acuerdo con la magistrada Berenice Reynoso, el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur) funcionaba como una “caja chica”, mientras que el Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial (Cusep) fungía como el Banco Central en la Operación Coral.

El “modus operandi”

En la solicitud de medida de coerción en contra de los imputados, la Pepca advierte que las empresas Único Real State e Inversiones SRL y la Asociación Campesina Madre Tierra recibían fondos de instituciones castrenses por concepto de “compras de huevos”, “compras de ganado”, y otros depósitos “sin concepto” para los que utilizaban a subalternos.

Esta última, a nombre de la pastora Rossy Guzmán, es señalada por el Ministerio Público como uno de los “centros de operaciones” para el enriquecimiento ilícito del entramado.

El proceso era el siguiente: las empresas recibían cientos de millones de pesos gracias a los depósitos en efectivo de militares subalternos, los cuales luego eran invertidos en compras de propiedades y vehículos de motor a favor de los imputados.

Según el MP, el entramado también cobraba cuotas a militares y policías para mantenerlos al frente de terminados puestos en el Cuerpo de Segurida Presidencial (Cusep),antes llamado Cuerpo de Ayudantes Militares y en el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (CESTUR). Institución que fue creado el 17 de Junio del 1975 fue creado el 17 de Junio del 1975 , cuyos salarios rondaban entre los 20 mil y los 70 mil pesos.

Lo que dice el Ministerio Publico de la Republica Dominicana

Ministerio Publico sobre el caso Coral dice: Se trabaja “para desmontar completamente esta estructura de corrupción”

La procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso dijo que los imputados en el caso Operación Coral no fueron enviados a cárcel militar porque la Constitución dominicana no establece que los militares y policías deben cumplir prisión en una cárcel especial.  

Señaló que la jueza actuó en base al derecho y que lo que se debe garantizar es la integridad de un imputado.  

“El Ministerio Público tiene la obligación de que todo acto de corrupción cometido por quien sea, el Ministerio Público no va a distinguir y no puede distinguir en función del trabajo que desempeñe una persona”, dijo Reynoso tras la pregunta de qué presenta este caso en el que militares y policías han sido enviados a prisión.

Insistió en que enviarlos a una cárcel militar es crear un privilegio y la Constitución no lo permite.https://www.ad-sandbox.com/static/html/sandbox.html

Este lunes la jueza Kenya Romero envío a prisión preventiva a Adán Cáceres Silvestre, exjefe de escolta del expresidente de la República Danilo Medina; el teniente coronel de la Policía, Rafael Núñez de Aza; el cabo de la Policía e hijo de la pastora, Tanner Antonio Flete Guzmán y el sargento Alejandro José Montero Cruz al centro Najayo Hombres, en San Cristóbal.

Mientras que la pastora Rossy Guzmán fue enviada por el mismo tiempo a Najayo Mujeres. Y el mayor Raúl Girón Jiménez fue enviado a prisión domiciliaria con información confidencial del lugar. 

“Desmontar la estructura”

Wilson Camacho, director de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), dijo que el hecho de que un grupo haya tomado dinero público para su bolsillo es grave “y son cosas que el Ministerio Público pretende que con el procesamiento que se está haciendo estos hechos de corrupción se corrijan en el fututo”.

“El dinero del erario tiene que ser utilizado correctamente y quien no lo utilice correctamente tendrá que sentarse en el banquillo de los acusados”, señaló.

Sobre otros mencionados en las declaraciones de Girón, Camacho dijo que el MP sigue trabajando “para desmontar completamente esta estructura de corrupción” y se perseguirá a todo el que el MP encuentre evidencia de que está involucrado en actos de corrupción. Sobre el caso del exdirector del Cestur dijo que seguirán trabajando “para desmontar esta estructura”. Sobre la residencia de Girón, Yeni Berenice dice que se están tomando las medidas para que no se sepa dónde estará.