Cuando un huracán, un terremoto o una inundación golpea a Puerto Rico, nadie le pide ayuda a un organigrama. Se la pide al rescatista que llega con botas, cuerda y radio a la zona del desastre. Sin embargo, el sistema de manejo de emergencias del País está construido al revés: protege mejor al escritorio que al campo.
Lo que dicen los números
La Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) informó que el presupuesto consolidado del Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD) asciende a $12.5 millones, y que el Negociado forma parte del Departamento de Seguridad Pública (DSP), cuyo presupuesto consolidado es de $34.1 millones. La OGP hizo esa aclaración porque algunos reportes habían señalado que el presupuesto del NMEAD era de $7.1 millones. Es decir, ni siquiera hay acuerdo público sobre cuánto dinero tiene la agencia que debe protegernos en un desastre. noticelnoticel
Lo que sí está documentado es la disparidad salarial. La presidenta del Sindicato Auténtico de Manejadores de Emergencias señaló que se compara un salario de $11,300 mensuales, el de una alta funcionaria del DSP, con uno de $1,348 de los empleados del NMEAD. El sindicato aclaró que no cuestiona a la funcionaria ni su designación. Lo que cuestiona es que los empleados del NMEAD realizan funciones duales y de alta complejidad y sostienen la respuesta a emergencias sin una compensación acorde. metrometro
Plazas que existen en papel, pero no en el presupuesto
El comisionado del NMEAD informó al Senado que tienen 612 plazas ocupadas y 324 vacantes, y que de esas vacantes solo 15 tienen presupuesto. Esto contradice la idea de que el problema es solo de dinero. Se mantiene una estructura de cientos de puestos sobre el papel, pero solo hay fondos para una fracción mínima de los que faltan por llenar, y se nos dice que no hay recursos para reforzar el personal crítico. pr
La brecha salarial se arrastra desde hace años. En la Legislatura se ha presentado el Proyecto del Senado 443, que busca la “Ley de Justicia Salarial” para el personal del Negociado. Establece un salario base de $2,250 mensuales para estos empleados. Cuando hace falta una ley para que un primer respondedor alcance poco más de dos mil dólares al mes, el problema ya es estructural. pr
Un patrón del Gobierno
El caso de las emergencias es reflejo de algo más amplio. En el Gobierno de Puerto Rico la distancia entre quienes administran y quienes sirven al público se ha ensanchado de manera discriminatoria. El ejecutivo no cruza un río crecido para llegar a un anciano aislado, ni abre paso entre escombros. Esa tarea la hacen los rescatistas, los técnicos, los bomberos y los paramédicos, con sueldos modestos y riesgo real.
La paradoja de la inteligencia artificial
Todo esto ocurre en una época en que buena parte del trabajo administrativo (informes, expedientes, inventarios, turnos, trámites) puede automatizarse con inteligencia artificial. La tecnología puede reducir la carga burocrática y liberar recursos. Lo que no puede automatizar es el rescate de una persona atrapada. Aun así, la prioridad presupuestaria sigue favoreciendo la estructura administrativa sobre el personal de campo.
El riesgo es real y tiene fecha. La temporada de huracanes se extiende del primero de junio al treinta de noviembre, y ya estamos en sus últimos días. Un Negociado con personal de campo insuficiente y mal pagado no puede responder a una emergencia mayor. pr
Lo que exige la transparencia
- Publicar cada puesto y cada salario de todas las agencias, con su clasificación (carrera, confianza o nombramiento político) y sus funciones.
- Auditar la proporción entre personal administrativo y personal operacional, especialmente en las agencias de seguridad y emergencias.
- Establecer un piso salarial digno para rescatistas, técnicos y personal de primera respuesta.
- Financiar las vacantes críticas, empezando por las 324 plazas del NMEAD, de las cuales solo 15 tienen presupuesto.
- Exigir preparación acreditada en manejo de emergencias para ocupar posiciones directivas.
- Automatizar con IA las tareas administrativas repetitivas y reasignar lo ahorrado al personal de campo.
Conclusión
Un pueblo que paga contribuciones tiene derecho a saber dónde va cada dólar, y a exigir que quien arriesga la vida por él no gane una fracción de lo que gana quien ocupa un escritorio. Ninguna sociedad que se respete puede aceptar que sus rescatistas sean los peor protegidos del sistema. Corregir esta situación es una cuestión de justicia y de supervivencia.