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El Monitor Federal: Un Gigante Ciego que Devora el Futuro Educativo

En Puerto Rico, lo que comúnmente se conoce como el “monitor federal” del Departamento de Educación (DE) es técnicamente el Agente Fiduciario Externo (TPFA, por sus siglas en inglés). Esta figura fue impuesta por el gobierno de los Estados Unidos para supervisar y manejar el uso de los fondos federales tras décadas de señalamientos por mala administración.

Existe una ironía cruel en nuestro sistema de enseñanza: mientras miles de estudiantes fracasan por falta de materiales, terapias o maestros, millones de dólares se escurren silenciosamente hacia una oficina que, en teoría, debería garantizar el orden. Hablamos del Monitor Federal, una figura que ha pasado de ser una herramienta de supervisión a convertirse en un agujero negro presupuestario.

Un Gasto Millonario sin Resultados

El costo de mantener estas oficinas de monitoreo es astronómico. Fondos que provienen tanto del erario estatal como de asignaciones federales terminan alimentando una estructura administrativa que parece vivir en una realidad alterna.

La Ceguera ante el Maltrato Institucional

Decir que el monitor está “ciego” no es una exageración; es una descripción de su inacción. Mientras se auditan facturas, se ignora el maltrato institucional que sufren los alumnos al no recibir sus servicios a tiempo.

Cuando el dinero se queda en la administración y en contratos externos, el estudiante es quien paga la factura con su futuro.

Cada dólar que se desvía para sostener la “maquinaria de supervisión” es un dólar que se le arrebata a la educación especial, a la infraestructura escolar y al bienestar del menor. Es un sistema diseñado para perpetuarse a sí mismo, donde el éxito se mide en informes entregados y no en vidas transformadas.

A continuación, los detalles sobre quién asume el costo y cuánto se le paga:

¿Quién lo paga?

El costo del monitor federal es compartido entre el Gobierno Federal y el Gobierno de Puerto Rico.

¿Cuánto se le paga?

La firma que ostenta este rol es Álvarez & Marsal (A&M). Aunque las cifras pueden variar según las enmiendas anuales al contrato, los datos reportados y aprobados por la Junta de Supervisión Fiscal indican lo siguiente:

Estado Actual (2026)

Para el año fiscal 2026, el Departamento de Educación de Puerto Rico se encuentra en una fase de transición. Según los informes de avance más recientes, la meta es lograr el cumplimiento total de las métricas impuestas por el gobierno federal para permitir la salida del síndico (A&M) durante el transcurso de este año, lo cual detendría estos pagos millonarios a la firma externa.

Conclusión: ¿Supervisión o Sifón?

Es hora de cuestionar la utilidad de una oficina que cuesta millones y no ha logrado detener el declive educativo. No necesitamos más supervisores que miren hacia otro lado mientras los fondos se diluyen en la capa administrativa. Necesitamos que el dinero llegue al pupitre, al laboratorio y al especialista. Si el monitor no puede ver el fracaso de los estudiantes, entonces es el monitor el que ha fracasado y debe recomendar cerrar las Oficinas Centrales y Regionales del Departamento de Educación.

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