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El fraude de la promoción automática y el mito de las tutorías masivas en Puerto Rico

Cada vez que un estudiante en Puerto Rico es promovido de grado con calificaciones sobresalientes sin dominar las destrezas fundamentales de lectura y comprensión, se comete un acto de violencia institucional. No se trata de una “ayuda” piadosa para proteger la autoestima del menor; se trata de una mentira sistemática que infla las estadísticas oficiales a costa de condenar a un niño al analfabetismo funcional. Asentar una nota aprobatoria falsa en un registro escolar no solo es éticamente inaceptable, sino que constituye un engaño institucionalizado que hipoteca el futuro del país.

La realidad de nuestro sistema educativo es alarmante. Históricamente, las pruebas estandarizadas en la isla han evidenciado que una proporción devastadora de nuestros estudiantes de escuela elemental no alcanza el nivel proficiente en español. El rezago no es un secreto. Sin embargo, la presión de una estructura hipercentralizada empuja a que las actas de promoción se firmen y las escuelas maquillen informes para cumplir con métricas burocráticas que aseguren fondos federales. Mientras las oficinas celebran tasas de retención artificialmente perfectas, el estudiante es destruido académicamente.

Ante esta crisis, la respuesta automática del Departamento de Educación ha sido la misma de siempre: contratos millonarios a compañías externas para dar “tutorías” remediales. Los resultados están a la vista: un fracaso absoluto. Las tutorías tradicionales no funcionan porque se han convertido en una extensión del mismo problema. Sentar a 15 o 20 niños con rezagos totalmente diferentes en un salón después del horario escolar, con un instructor exhausto a repasar tareas, no es educar; es añadir horas de frustración a la jornada de un niño que ni siquiera puede procesar el significado de una oración. Seguir botando el dinero público en estos programas genéricos es seguir mintiéndole al país.

La neurociencia cognitiva y la pedagogía moderna demuestran que el analfabetismo funcional no se cura con parchos masivos, sino con una intervención clínica e individualizada. Para rescatar a un niño, la estructura colonial e ineficiente de las oficinas centrales en Hato Rey y los filtros paralizantes de las regiones educativas deben hacerse a un lado. El poder y los recursos deben transferirse de manera total y directa al plantel escolar.

Hacemos un llamado enérgico y urgente a las autoridades para que ejecuten una transformación radical basada en la autonomía escolar y la rendición de cuentas real:

Garantizar la alfabetización y la comprensión lectora no es un favor; es un derecho constitucional y el pilar de la libertad ciudadana. Pasar de grado a un niño que no sabe leer es una traición a su futuro. Es hora de arrancar el poder de las oficinas administrativas, detener el despilfarro en remedios ineficaces y devolverle los recursos a la mesa donde el maestro y el estudiante se encuentran.

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