El Departamento de Educación de Puerto Rico ha convertido la asistencia técnica al maestro en una industria de intermediarios. Uno de los puestos más representativos de ese fenómeno es el de facilitador docente: una plaza que, en teoría, existe para “apoyar” al maestro en su labor pedagógica, pero que en la práctica se ha transformado en una capa administrativa adicional que resta tiempo de enseñanza, duplica funciones ya cubiertas por directores escolares y coordinadores de programa, y perpetúa una estructura burocrática que el sistema no puede seguir sosteniendo.
Es hora de eliminar el puesto de facilitador docente como uno de los peores. No por falta de buenas intenciones de quienes lo ocupan, sino porque el diseño mismo del puesto es incompatible con la urgencia que exige la crisis educativa puertorriqueña. Como expertos, propongo que sean ellos los maestros expertos y que sean coloccados en las escuelas para dar clases a estudiantes con problemas de aprendizaje.
1. El tiempo lectivo que se pierde en reuniones y visitas
Según mis fuentes, cada visita de un facilitador docente a un salón de clases implica, como mínimo, una interrupción de la secuencia instruccional: el maestro debe detener o ajustar su lección para atender la observación, completar los formularios de seguimiento que el facilitador exige, y luego dedicar tiempo adicional —usualmente fuera de su horario de enseñanza directa— a reuniones de “desarrollo profesional” que el propio facilitador coordina. Ese tiempo no se recupera. Se resta del total de horas de contacto real entre el maestro y sus estudiantes, precisamente en un sistema donde el tiempo lectivo efectivo ya está comprometido y limitado por suspensiones de clases, falta de sustitutos, problemas de transportación y fallas en la infraestructura escolar.
Cuando una agencia añade una capa de supervisión pedagógica que no enseña directamente a un solo estudiante, pero que sí consume horas del calendario escolar en documentación, coordinación y protocolos, el resultado neto es menos tiempo de instrucción, no más calidad educativa. Los datos de las pruebas META-PR y las evaluaciones nacionales (NAEP) llevan años mostrando resultados de fracas donde se encuentran estancados en las competencias básicas de lectura y matemáticas, a pesar de que el número de puestos de apoyo pedagógico —facilitadores, especialistas, coordinadores— ha crecido de forma sostenida y fuera de control. La correlación del beneficio de estos puestos es incómoda pero innegable: más capas de “apoyo” no se han traducido en mejor aprovechamiento académico de los estudiantes.
2. Una función que ya existe, duplicada
El acompañamiento pedagógico al maestro no es un vacío que el facilitador docente vino a llenar; es una función que corresponde, por diseño, al director escolar y a los coordinadores de programa académico. Al insertar un puesto adicional entre el maestro y el director, el Departamento no fortalece el acompañamiento: lo fragmenta. El maestro termina reportando a múltiples figuras de supervisión con criterios distintos, formularios distintos y expectativas distintas, todas superpuestas sobre la misma tarea.
Esta duplicación no es gratuita. Cada facilitador docente representa un salario, beneficios marginales, gastos de viaje entre escuelas y una plaza que compite por los mismos fondos que podrían destinarse a materiales instruccionales, tecnología de aula o incentivos directos al maestro que sí está frente al estudiante todos los días. En una agencia que administra miles de millones de dólares en fondos federales y estatales sin lograr revertir el rezago académico, cada puesto que no impacta directamente el aprendizaje del estudiante debe justificar su existencia con evidencia, no con inercia burocrática.
3. Más burocracia, no más maestros
El patrón es conocido: en lugar de resolver la escasez de maestros certificados en áreas críticas —matemáticas, ciencias, educación especial— el Departamento ha optado, una y otra vez, por crear puestos intermedios de supervisión y “apoyo”. El facilitador docente es un síntoma de ese patrón, no una solución a él. Cada plaza de facilitador es, en efecto, una plaza de maestro que no se creó, o un salario que pudo haberse usado para atraer y retener talento docente en las salas donde realmente hace falta.
La automatización razonable de procesos administrativos y de seguimiento —hoy perfectamente viable con herramientas de inteligencia artificial para el análisis de datos académicos y la generación de recomendaciones pedagógicas basadas en evidencia— puede sustituir buena parte del trabajo de recopilación y reporte que hoy justifica al facilitador docente, liberando esos fondos para lo que verdaderamente falta: maestros en el salón y tiempo de clase sin interrupciones.
Una reforma que empieza por simplificar
Eliminar el puesto de facilitador docente no es un gesto simbólico contra la burocracia; es una decisión de política pública basada en una premisa simple: todo puesto que reste tiempo lectivo sin evidencia clara de mejorar el aprovechamiento académico debe desaparecer. El Departamento de Educación de Puerto Rico no necesita más intermediarios entre el maestro y el estudiante. Necesita menos capas administrativas, más autonomía para el director escolar, y cada dólar disponible dirigido al aula, no a la supervisión de la supervisión.
El tiempo lectivo que hoy se pierde en visitas, formularios y reuniones de facilitación no regresa. Cada minuto cuenta para un estudiante que ya arrastra rezago. Simplificar la estructura no es debilitar el sistema: es, finalmente, ponerlo a trabajar para quien más importa.