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El alcalde de Lawrence, Brian A. DePeña, sale libre tras comparecer en corte federal

El alcalde de Lawrence enfrenta cargos de fraude electrónico y lavado de dinero por el supuesto desvío de más de $1.5 millones en fondos federales de la pandemia; quedó en libertad sin fianza, entregará su pasaporte y evitó responder si renunciará al cargo

Por Marcos A. Tejeda
Publisher & Editor-in-Chief
El Sol de la Florida

BOSTON, Massachusetts — 14 de agosto de 2026. El alcalde de Lawrence, Brian A. DePeña, salió este viernes del tribunal federal en Boston después de realizar su primera comparecencia ante un juez por cargos de fraude electrónico y lavado de dinero, en un caso que sacude a una de las ciudades de mayor presencia dominicana y latina de Nueva Inglaterra.

DePeña, de 61 años, había sido arrestado aproximadamente a las 6:00 de la mañana en su residencia por agentes federales. Horas después compareció esposado ante un magistrado federal, donde renunció a una audiencia de causa probable y quedó en libertad sin necesidad de pagar fianza, aunque sujeto a varias restricciones mientras continúa el proceso penal.

Entre las condiciones impuestas por el tribunal se encuentran entregar su pasaporte, permanecer dentro del estado de Massachusetts, reportarse a servicios de libertad provisional, no contactar a testigos y no solicitar nuevos préstamos sin autorización judicial.

Al abandonar el tribunal, DePeña caminó frente a periodistas sin ofrecer declaraciones sustanciales. Cuando le preguntaron si pensaba renunciar como alcalde, respondió únicamente:

“God bless.”

Su abogado, Carlos Apostle, respondió repetidamente “no comment” a las preguntas de los medios.

Hasta el cierre de esta edición, DePeña continúa oficialmente siendo alcalde de Lawrence y el portal municipal seguía identificándolo como titular de la Alcaldía.

Un arresto que comenzó antes del amanecer

Agentes del FBI llegaron a la residencia del alcalde durante las primeras horas del viernes.

La acusación fue formalizada mediante una denuncia criminal presentada el jueves 13 de agosto ante el Tribunal Federal para el Distrito de Massachusetts. El documento sostiene que existe causa probable para imputar a DePeña por violaciones federales relacionadas con fraude electrónico y transacciones monetarias ilícitas.

La Fiscalía Federal de Massachusetts anunció oficialmente el arresto este viernes.

Según el Departamento de Justicia, DePeña está acusado de haber obtenido fraudulentamente más de $1.5 millones en préstamos federales creados para ayudar a pequeñas empresas durante la pandemia de COVID-19 y posteriormente utilizar una parte considerable de esos fondos para pagar obligaciones personales, financiar su campaña política y saldar hipotecas privadas.

Los cargos son serios.

Pero también es importante establecer desde el principio que DePeña no ha sido declarado culpable.

Las acusaciones representan la posición del gobierno federal y deberán ser demostradas más allá de toda duda razonable.

La empresa en el centro de la investigación

El caso gira alrededor de Tenares Tire Services Inc., una empresa de venta de neumáticos y servicios automotrices propiedad de DePeña en Lawrence.

Durante 2020 y 2021, la empresa solicitó fondos del programa Economic Injury Disaster Loan, conocido como EIDL, administrado por la Small Business Administration.

Estos préstamos fueron creados para proporcionar capital de trabajo a pequeñas empresas que sufrieron pérdidas económicas durante la pandemia.

Los préstamos tenían una tasa favorable de aproximadamente 3.75%, un período de amortización de 30 años y restricciones específicas sobre el uso de los fondos.

Entre las actividades que no estaban autorizadas se encontraban financiar campañas políticas, pagar impuestos personales o refinanciar determinadas deudas inmobiliarias.

El primer préstamo fue de $150,000

En junio de 2020, Tenares Tire recibió un préstamo EIDL inicial de aproximadamente $150,000.

La propia fiscalía reconoce que DePeña aparentemente utilizó la mayor parte de ese primer desembolso para gastos legítimos de la empresa.

El problema, según los investigadores, comenzó posteriormente.

Para principios de 2021, DePeña enfrentaba varias obligaciones financieras.

La Fiscalía sostiene que su campaña política tenía dificultades para pagar sus gastos, que tenía impuestos personales atrasados ante el IRS y que debía cerca de $900,000 a dos prestamistas privados relacionados con propiedades que poseía en Lawrence.

Esos préstamos privados tenían intereses de aproximadamente 12% y 8%, considerablemente superiores al 3.75% del programa federal.

El segundo desembolso cambia la historia

En abril de 2021, DePeña solicitó aumentar el préstamo de Tenares Tire.

El 14 de julio, la SBA aprobó un incremento de $350,000, elevando el préstamo total hasta aproximadamente $500,000.

Pero los fondos no fueron depositados inmediatamente.

La denuncia incluye mensajes de texto que DePeña presuntamente envió a un asesor financiero mientras esperaba el dinero, reflejando la presión económica que enfrentaba.

Finalmente, el 16 de agosto de 2021, los $350,000 fueron depositados en la cuenta bancaria de Tenares Tire.

El detalle resulta particularmente llamativo:

antes del depósito, la cuenta tenía solamente $20.23.

A partir de ahí, según los fiscales, comenzó una serie de transferencias que constituye una parte central del caso federal.

$85,000 para impuestos personales

Poco después de recibir el dinero, DePeña habría utilizado aproximadamente $85,000 para pagar obligaciones tributarias personales al Internal Revenue Service.

Ese gasto, según la Fiscalía, estaba expresamente fuera de los usos permitidos del préstamo empresarial.

$90,000 entraron a su campaña

Los documentos judiciales sostienen además que DePeña transfirió aproximadamente $120,000 desde la cuenta empresarial hacia una cuenta personal.

Posteriormente habría utilizado ese dinero para emitir cheques por un total de $90,000 a “The Committee to Elect Brian DePena”, su comité de campaña para alcalde.

Los cheques fueron depositados en septiembre y octubre de 2021 y registrados como préstamos del candidato a su propia campaña.

Ese elemento convierte el caso en algo mucho más delicado políticamente.

No se trata solamente de un supuesto uso irregular de dinero empresarial.

La Fiscalía sostiene que fondos federales creados para responder a una emergencia nacional terminaron financiando parcialmente una campaña electoral municipal.

DePeña ganó la elección para alcalde en noviembre de 2021.

Luego llegó otro $1.15 millón

Mientras las deudas privadas seguían pendientes y la campaña continuaba necesitando recursos, los fiscales sostienen que DePeña solicitó una nueva modificación del préstamo.

El 27 de octubre de 2021, la SBA aprobó un aumento adicional de aproximadamente $1,154,400, elevando el total autorizado del préstamo hasta aproximadamente $1.65 millones.

El 30 de noviembre, aproximadamente $1.154 millones fueron depositados en la cuenta de Tenares Tire.

Según la denuncia, ese mismo día DePeña transfirió prácticamente la totalidad del dinero a una cuenta personal que antes de la transferencia tenía solamente alrededor de $1,401.

Los investigadores alegan que desde esa cuenta comenzaron nuevas operaciones que ahora forman parte de los cargos federales.

Otros $42,112 habrían ido a la campaña

La denuncia añade un dato que no había aparecido con claridad en los primeros reportes publicados durante la mañana.

Además de los $90,000 enviados previamente al comité político, DePeña habría utilizado otros $42,112.96 de fondos relacionados con el EIDL para financiar su campaña después de recibir el segundo gran desembolso.

Según la Fiscalía, emitió dos nuevos cheques a la campaña:

uno por $10,000

y otro por $32,112.96.

Eso significa que el monto total de fondos que los fiscales relacionan con transferencias hacia la campaña sería superior a los $90,000 mencionados inicialmente en algunos reportes periodísticos.

$883,293 para hipotecas privadas

La acusación más cuantiosa está relacionada con propiedades inmobiliarias.

Según la Fiscalía Federal, DePeña utilizó aproximadamente $883,293 provenientes de los préstamos EIDL para pagar dos préstamos privados de alto interés garantizados por propiedades que poseía en Lawrence.

El 9 de diciembre de 2021 habría adquirido un cheque de tesorería por $538,109.03 para cancelar uno de esos préstamos.

Nueve días después, el 18 de diciembre, habría comprado otro cheque por $345,184.13 para liquidar la segunda obligación.

Los fiscales argumentan que esas operaciones equivalían a refinanciar deuda privada utilizando recursos federales subsidiados.

Ese uso estaba prohibido bajo las reglas del programa.

La diferencia en las tasas de interés importa

Hay un elemento financiero particularmente revelador.

Los préstamos privados que DePeña supuestamente pagó tenían tasas del 12% y 8%.

El EIDL tenía una tasa aproximada de 3.75%.

La Fiscalía pretende demostrar que el alcalde utilizó recursos federales baratos destinados a proteger una empresa durante la pandemia para eliminar obligaciones personales considerablemente más costosas.

Será responsabilidad del gobierno probar ante un jurado que esas operaciones fueron deliberadamente fraudulentas.

La defensa tendrá la oportunidad de presentar otra explicación.

La deuda federal continúa prácticamente intacta

Uno de los datos más significativos revelados por los documentos federales está relacionado con el estado actual del préstamo.

Al 5 de agosto de 2026, DePeña había realizado solamente 16 pagos, por aproximadamente $130,160.

Pero esos pagos fueron aplicados exclusivamente a intereses.

El saldo principal pendiente seguía siendo aproximadamente:

$1,654,420

Es decir, prácticamente la totalidad del principal originalmente prestado por el gobierno federal permanece pendiente.

No presentó una declaración de culpabilidad

La comparecencia del viernes añadió varias novedades importantes.

DePeña compareció ante el tribunal federal esposado y vestido con una camisa blanca.

Durante la audiencia renunció a una audiencia de causa probable, pero no presentó todavía una declaración formal de culpabilidad o inocencia.

Eso significa que el proceso se encuentra todavía en una etapa inicial.

Los fiscales deberán decidir posteriormente cómo continuar formalmente el caso, incluyendo una posible acusación por parte de un gran jurado federal.

Quedó en libertad sin fianza

El juez permitió que DePeña saliera del tribunal sin pagar fianza.

Sin embargo, impuso varias condiciones.

DePeña deberá:

permanecer en Massachusetts,

entregar su pasaporte,

reportarse a servicios de libertad provisional,

evitar contacto con testigos,

y no solicitar préstamos adicionales sin autorización judicial.

Estas medidas permiten que continúe en libertad mientras avanza el proceso, pero limitan determinados movimientos y actividades financieras.

Su abogado revela que padece cáncer de próstata

Durante la audiencia apareció también información personal que no había sido difundida durante las primeras horas posteriores al arresto.

El abogado Carlos Apostle informó al juez que DePeña se encuentra recibiendo tratamiento por cáncer de próstata.

También señaló que el alcalde tiene siete hijos.

El argumento fue utilizado por la defensa para explicar por qué no consideraba necesaria su detención preventiva.

El tribunal finalmente permitió su liberación.

“God bless” ante la pregunta sobre renuncia

La escena fuera del tribunal fue políticamente importante.

DePeña salió caminando frente a periodistas y cámaras.

Su abogado rechazó comentar el caso.

Cuando un reportero preguntó directamente al alcalde si pensaba renunciar, DePeña no respondió sí ni no.

Solamente dijo:

“God bless.”

Por ahora, esa es prácticamente la única declaración pública del alcalde después de abandonar el tribunal.

Sigue siendo alcalde

Hasta las últimas horas del viernes no existe evidencia pública de que DePeña haya presentado una renuncia.

La página oficial de la Ciudad de Lawrence todavía lo identifica como Mayor Brian A. DePeña, y mantiene activa la información de su oficina.

Eso significa que, al menos por ahora, Lawrence enfrenta una situación poco común:

su alcalde permanece oficialmente en funciones mientras enfrenta cargos federales de fraude y lavado de dinero.

El presidente del City Council, Jeovanny Rodriguez, dijo a WBUR que quedó sorprendido al conocer las acusaciones.

Será importante observar durante las próximas horas y días si el Concejo Municipal realiza alguna declaración formal o si DePeña anuncia cómo pretende manejar sus responsabilidades administrativas mientras enfrenta el proceso judicial.

La dimensión dominicana

El caso tiene también una fuerte dimensión para la comunidad dominicana.

Associated Press confirmó que DePeña posee ciudadanía tanto de Estados Unidos como de República Dominicana.

Lawrence tiene además una de las comunidades dominicanas más visibles de Massachusetts y el noreste estadounidense.

DePeña se ha convertido durante los últimos años en una figura política reconocida dentro de esa diáspora.

Por eso el caso probablemente tendrá repercusiones muy superiores a las de una controversia política municipal ordinaria.

La investigación puede ser más amplia de lo que inicialmente parecía

Otro elemento merece atención.

En mayo de este mismo año, autoridades ya habían ejecutado una orden de registro relacionada con la oficina de DePeña en Lawrence City Hall.

En ese momento, la Fiscalía General de Massachusetts confirmó la existencia del operativo, aunque no reveló públicamente la naturaleza exacta de la investigación.

No existe información pública suficiente para afirmar que aquella investigación estatal y el caso federal anunciado hoy sean la misma investigación.

Por tanto, El Sol de la Florida no establece esa conexión como un hecho.

Pero la coincidencia cronológica convierte cualquier nueva actuación de las autoridades en algo que deberá ser observado cuidadosamente.

Las posibles penas

El cargo federal de wire fraud puede implicar hasta 20 años de prisión, tres años de libertad supervisada y una multa de hasta $250,000.

El cargo de money laundering puede implicar hasta 10 años de prisión, tres años de libertad supervisada y una multa de hasta $250,000.

Sin embargo, esas son penas máximas establecidas por ley.

Una eventual sentencia dependería de numerosos factores, incluyendo las guías federales, los montos involucrados, antecedentes y las decisiones del juez.

Una investigación construida siguiendo el dinero

La denuncia federal revela algo importante sobre la metodología investigativa.

El caso fue construido utilizando:

registros bancarios,

documentos de la SBA,

información de la Massachusetts Office of Campaign and Political Finance,

citaciones judiciales,

correos electrónicos,

mensajes de texto,

y documentación financiera.

La investigación estuvo a cargo principalmente del IRS Criminal Investigation y el FBI, con participación de otras agencias.

Eso significa que buena parte de la evidencia probablemente girará alrededor de una cuestión relativamente concreta:

seguir el recorrido del dinero desde las cuentas financiadas por el gobierno hasta las cuentas personales, políticas e inmobiliarias.

Una crisis política apenas comienza

El arresto fue solamente el primer capítulo.

Ahora comienza un proceso que puede extenderse durante meses o incluso años.

Habrá que observar:

si un gran jurado presenta una acusación formal,

qué estrategia adopta la defensa,

si DePeña continúa ejerciendo la Alcaldía,

si aparecen nuevas acusaciones,

si otras personas son incorporadas al caso,

y qué ocurre con los préstamos todavía pendientes.

Pero políticamente existe una pregunta mucho más inmediata.

¿Puede un alcalde administrar normalmente una ciudad mientras enfrenta un proceso federal por fraude y lavado de dinero?

La ley y la política pueden ofrecer respuestas distintas.

Legalmente, DePeña continúa siendo inocente mientras no exista una condena.

Políticamente, tendrá que enfrentar preguntas sobre credibilidad, gobernabilidad y confianza pública desde el momento en que vuelva a entrar al Lawrence City Hall.

Por ahora, no renuncia

Al caer la tarde del viernes, la información más reciente es clara:

Brian DePeña fue arrestado.

Compareció ante un juez federal.

No presentó declaración de culpabilidad.

Quedó en libertad sin fianza.

Entregará su pasaporte.

No podrá salir de Massachusetts.

No podrá contactar testigos.

Y cuando le preguntaron si renunciará como alcalde, decidió no responder.

Solamente dijo: “God bless.”

Eso deja a Lawrence con una pregunta política abierta mientras el expediente judicial comienza apenas a escribirse.

El proceso penal determinará si las acusaciones federales pueden ser demostradas.

Los ciudadanos de Lawrence deberán decidir algo diferente:

cuánta confianza conserva un alcalde mientras enfrenta acusaciones de haber utilizado dinero destinado a salvar una pequeña empresa para aliviar sus deudas personales y financiar su propia campaña política.

Por ahora, Brian DePeña sigue siendo alcalde.

Y también es un acusado federal.

Nota editorial: Los hechos atribuidos a Brian DePeña en este artículo corresponden a alegaciones contenidas en una denuncia penal federal y declaraciones de fiscales e investigadores. DePeña se presume inocente a menos y hasta que su culpabilidad sea demostrada más allá de toda duda razonable en un tribunal.

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