Artículo 146.- Proscripción de la corrupción. Se condena toda forma de corrupción en los órganos del Estado. En consecuencia:
- Será sancionada con las penas que la ley determine, toda persona que sustraiga fondos públicos o que prevaliéndose de sus posiciones dentro de los órganos y organismos del Estado, sus dependencias o instituciones autónomas, obtenga para sí o para terceros provecho económico;
- De igual forma será sancionada la persona que proporcione ventajas a sus asociados, familiares, allegados, amigos o relacionados;
- Es obligatoria, de acuerdo con lo dispuesto por la ley, la declaración jurada de bienes de las y los funcionarios públicos, a quienes corresponde siempre probar el origen de sus bienes, antes y después de haber finalizado sus funciones o a requerimiento de autoridad competente;
- A las personas condenadas por delitos de corrupción les será aplicada, sin perjuicio de otras sanciones previstas por las leyes, la pena de degradación cívica, y se les exigirá la restitución de lo apropiado de manera ilícita;
- La ley podrá disponer plazos de prescripción de mayor duración que los ordinarios para los casos de crímenes de corrupción y un régimen de beneficios procesales restrictivo.”
La Constitución del 2010, modificada luego para permitir la reelección de Danilo Medina, es hija legítima del Partido de la Liberación Dominicana. Sin embargo, es letra muerta, nadie ha querido aplicarla. El PLD se niega a sí mismo. Hay que llevarlo “a su propia legalidad”, como le exigiera Juan Bosch al presidente Balaguer.
Los funcionarios y las bocinas alegan constantemente que este es el gobierno más honesto que ha tenido el país en su historia, burlándose, en un acto de cinismo increíble, de la inteligencia del pueblo. Este no es el gobierno más serio, es el más permisivo, el de más impunidad, por lo tanto, el más corrupto.
Danilo dijo tener un látigo para los corruptos. Pero nadie ha sido azotado en más de seis años. Prometió que cancelaria y sometería a la justicia a cualquier funcionario por “el simple rumor público”. Pero a pesar de las denuncias y de las protestas, los presuntos prevaricadores han sido premiados con otro ministerio o con una botella en el mismo Palacio Nacional.
Durante el primer mandato del presidente Medina la mayoría de los funcionarios no hizo declaración jurada de bienes. A más de un año del segundo mandato, más de cinco mil se niegan. Y no pasa nada. El jefe de la administración pública, el señor Medina, se convierte en ciego, sordo y modo. No ha cancelado a nadie. La complicidad es obvia.
Durante los gobiernos del PLD ningún caso grande de corrupción ha adquirido el carácter de la cosa irrevocablemente juzgada. El Ministerio Público está, al igual que la judicatura, secuestrada por el poder político que encarna el PLD bajo la tutela, en los últimos seis años, de Danilo Medina.
La periodista Alicia Ortega ha presentado el caso, bien documentado, de Diandino Peña. ¿Qué hará el gobierno al respecto? ¿Ordenará la aplicación del 146 de la Constitución que invierte el fardo de la prueba obligando al imputado a probar la idoneidad de sus bienes o de lo contrario les serán incautados, terminando en la cárcel y degradado civilmente o se hará el loco igual que con otros expedientes?
Un presidente honesto no quiere “su Congreso”, ni “su justicia”; al contrario, quiere que sea una representación del pueblo, que se convierta en un fiscalizador, en un contrapeso, y que la Justicia sea independiente para que actúe con estricto apegue a la Constitución y las leyes sancionando la corrupción y terminando con la impunidad que tanto daño económico y moral le hacen a la sociedad dominicana.
Un presidente honesto y con carácter, sin cola que le pisen, ordenaría una auditoria a las fortunas de todos los políticos que en los últimos 25 años han ocupado una función pública importante. Y el que no puede justificar sus bienes, le aplicaría el artículo 146 de la Constitución. Pero en un gobierno del PLD eso no es posible porque muchos terminarían arruinados y en la cárcel.