Puerto Rico vive bajo una ilusión de democracia. Votamos cada cuatro años por un gobernador, unos senadores y unos representantes, y creemos que con eso hemos cumplido con nuestra soberanía cívica. Pero el verdadero poder —el que decide quién te juzga, quién audita al gobierno, quién vigila la ética pública y quién educa a tus hijos— permanece fuera del alcance de la papeleta. Ese poder lo reparte un solo hombre o una sola mujer: el gobernador de turno. Y donde hay un solo punto de nombramiento, hay un solo punto de venta.

El problema: un embudo de poder que termina en los cabilderos

Hoy, la gobernación nombra a los jueces del Tribunal de Primera Instancia. Nombra —directa o indirectamente, a través de cuerpos que ella misma constituye— a quienes ocupan los paneles de la Oficina de Ética Gubernamental y del entonces Fiscal Especial Independiente. El contralor, aunque pasa por confirmación legislativa, emerge del mismo círculo de intercambio de favores entre el Ejecutivo y una Asamblea Legislativa controlada por el mismo partido. Y en el Departamento de Educación, el secretario y los superintendentes regionales no responden a las escuelas ni a las comunidades que sirven: responden al partido que los colocó allí.

El resultado es previsible. Los mismos donantes de campaña, los mismos cabilderos, los mismos contratistas que financian una candidatura gubernamental terminan sentados —sin haber ganado un solo voto— frente a los jueces que interpretan las leyes que ellos mismos ayudaron a redactar, frente a los reguladores que deberían fiscalizarlos, y frente a un sistema educativo que administran como agencia de empleos políticos en lugar de administrarlo como servicio a los niños. No es corrupción en el sentido criminal de la palabra; es algo peor: es diseño institucional. El sistema funciona exactamente como fue construido para funcionar, y por eso lleva generaciones fallándonos.

La propuesta: que el pueblo, no el partido, nombre a sus gobernantes y las ramas autónomas de gobierno

La solución no es otra reforma administrativa ni otra ley que reorganice el organigrama sin tocar el problema de fondo. La solución es sacar el nombramiento de las manos de un solo poder y ponerlo en las manos de quienes de verdad tienen algo que perder o ganar: el pueblo.

Jueces electos, no designados. Un juez que debe su toga a un gobernador gobierna con un ojo puesto en quien lo nombró. Un juez que debe su cargo al electorado de su región gobierna con un ojo puesto en la ley y el otro en la comunidad a la que sirve. La elección judicial, con períodos definidos y criterios mínimos de idoneidad profesional verificados de forma independiente, rompe el cordón umbilical entre el Tribunal y La Fortaleza.

Contralor y paneles de ética con mandato popular, no partidista. Mientras el contralor y los cuerpos de fiscalización ética dependan de una confirmación legislativa controlada por la misma mayoría que gobierna, jamás fiscalizarán con independencia real. Un contralor elegido directamente, con un término fijo que no coincida con el ciclo gubernamental, responde al elector, no al padrino político.

Educación despolitizada desde la base. Ningún cambio sería más transformador que sacar al Departamento de Educación del control absoluto del partido de turno. Que el secretario de Educación, los superintendentes regionales y los directores escolares surjan de procesos de nombramiento local —juntas escolares comunitarias, consejos de padres y maestros con voto real, elecciones locales de superintendencia— y no de una lista de “puestos de confianza” repartidos como botín electoral. Un director escolar que responde a su comunidad, no a un secretario designado por el gobernador, invierte su energía en los estudiantes, no en sobrevivir el próximo cambio de partido.

Por qué esto —y no otra reforma— rompe el ciclo

Cada cuatro años cambiamos de gobernador y prometemos que esta vez será diferente. Y cada cuatro años los mismos cabilderos, los mismos donantes y las mismas estructuras de poder reaparecen bajo otro nombre. Eso ocurre porque atacamos los síntomas —una ley de transparencia aquí, una reorganización allá— sin tocar la raíz: la concentración del poder de nombramiento en una sola oficina.

Cuando los jueces, el contralor, los paneles de ética y los líderes educativos deben su cargo al voto directo y no al favor gubernamental, la relación de intercambio entre inversionistas, cabilderos y La Fortaleza se debilita estructuralmente. Ya no basta con financiar una campaña gubernamental para controlar los tres poderes de gobierno; hay que ganarse, uno por uno, la confianza de un electorado que vigila de cerca. Esa es la verdadera separación de poderes que la Constitución de Puerto Rico prometió y que la práctica política ha vaciado de contenido.

Un llamado a la acción

Esta no es una reforma que un gobernador vaya a proponer voluntariamente, porque implica que ese mismo gobernador renuncie a poder. Tiene que nacer de la presión ciudadana, de una Asamblea Constituyente de Estatus o de un referéndum específico sobre reforma judicial y educativa. Pero el primer paso es que el pueblo entienda que el problema no es quién gobierna, sino cuánto puede nombrar sin rendirle cuentas a nadie más que a quien lo nombró a él.

Puerto Rico no necesita otro salvador en La Fortaleza. Necesita un sistema donde nadie —ni el gobernador de hoy, ni el de mañana— pueda comprar con un solo cheque de campaña el control de los tribunales, la fiscalización ética y la educación de nuestros hijos. Eso solo se logra devolviéndole al pueblo el poder de nombrar directamente a quienes hoy solo responden al partido.