Thursday, April 18, 2024
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CorteIDH pide a Nicaragua que evalúe medidas alternativas para algunos presos

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) pidió este martes a Nicaragua que estudie “medidas alternativas a la privación de libertad” para una docena detenidos a raíz de las protestas antigubernamentales de 2018.

La Corte demandó medidas provisionales a favor de estos doce detenidos, así como de otros cinco que ya fueron excarcelados este lunes dentro de un grupo de 100 presos puestos en libertad en Nicaragua.

En su resolución de este martes, la Corte solicita al Gobierno de Daniel Ortega que “evalúe, de manera inmediata, el otorgamiento de medidas alternativas a la privación de libertad, de conformidad con su normativa interna y los estándares interamericanos” para doce presos.

Se trata de Kevin Rodrigo Espinoza, Cristhian Rodrigo Fajardo, Yubrank Miguel Suazo, Edwin José Carcache, Medardo Mairena, Mario Lener Fonseca, Ricardo Baltodano, Miguel Mora, Lucía Pineda, Amaya Eva Coppens, Olesia Auxiliadora Muñoz e Irlanda Undina Jeréz.

Asimismo, insta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a que confirme la puesta en libertad de los otros cinco beneficiarios de las medidas: María Adilia Peralta, Jaime Ramón Ampié, Julio José Ampié, Reynaldo Lira y Tania Verónica Muñoz.

La Corte intercedió a favor de estas 17 personas a petición de la CIDH, que la semana pasada alertó que su “situación de riesgo” en las cárceles La Modelo y La Esperanza se había “recrudecido”.

La CIDH les definió como “líderes estudiantiles, sociales, campesinos, periodistas y defensores de derechos humanos” con un “rol de liderazgo” en la oposición a Ortega.

En la resolución de este martes, la CorteIDH dio de plazo hasta el 1 de junio a Nicaragua para que informe de las medidas adoptadas para cumplir con la decisión e instó al Estado a facilitar una visita de los 17 beneficiarios.

Con la más reciente excarcelación, ya han recibido medidas como arresto domiciliario 336 personas encarceladas por, según el Gobierno, “haber cometido delitos contra la seguridad común y la tranquilidad pública” en relación a las protestas de 2018.

El Gobierno de Ortega reconoce a un total de 468 procesados -de los que 132 siguen encarcelados- por esas protestas, aunque la oposición eleva la cifra de los que considera “presos políticos” a 809. (EFEUSA).-

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