Friday, March 29, 2024
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CARD pide a Suprema no publicar investigaciones de jueces hasta ser concluidas Dice que publicación de nombres de investigados daña honras y violenta presunción de inocencia

Héctor Danilo Sánchez
Special Reporter

SANTO DOMINGO, R. D.- El presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), Miguel Surun Hernández, rechazó la reiterada conducta por parte de la Suprema Corte de Justicia de hacer publica las investigaciones que realiza por supuestas irregularidades en contra de Jueces, porque viola la presunción de inocencia.

 Surun Hernández informó que el último caso se registró esta semana luego que la Suprema enviara una nota de prensa anunciando la investigación en contra de los magistrados Manuel del Socorro Pérez García, Saulo Ysabel Díaz y Rosaly Yovianka Stefani Brito, jueces de la Corte de Apelación Penal de la Provincia de Santo Domingo.

 ” El CARD NO SE OPONE a que se investigue a todos aquellos jueces que se sospeche cometieron faltas en el ejercicio de sus funciones, pero dichas investigaciones deben ser confidenciales hasta que se demuestre su culpabilidad”, expresó el presidente del gremio.

 Indicó que publicar de antemano los nombres de los investigados, sin concluir las indagatorias viola el debido proceso, la presunción de inocencia y puede prestarse a la destrucción de honras.

 Surun Hernández consideró que esta situación coloca a todos los jueces y juezas en situación de terror, vulnerabilidad, indefensión ante posibles represalias por las decisiones que toman, colocando en una situación “bastante precaria la independencia del Poder Judicial”.

 El CARD advierte que no puede haber independencia de Poderes, ni justicia en la República Dominicana mientras los encargados de administrarla sean objeto de violaciones a sus derechos fundamentales.

 Procedimiento

 El gremio informó que las personas que estén en desacuerdo con las decisiones dictadas por un tribunal, deben someter las quejas y pruebas ante el Consejo del Poder Judicial, que tiene la responsabilidad investigar y sancionar a los jueces que hayan cometido faltas, pero siguiendo el debido proceso y respetando la presunción de inocencia de los investigados.

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