Thursday, March 28, 2024
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Retan la orden del alcalde de Miami-Dade de cumplir con las solicitud de detención de inmigrantes

Una comisionada del condado Miami-Dade (Florida, EE.UU.) cuestionó hoy la orden del alcalde Carlos Giménez de cumplir con las solicitudes de detención prolongada de inmigrantes, en cumplimiento a una medida ejecutiva del presidente Donald Trump.

En una carta enviada a Giménez, la comisionada Daniella Levine Cava lo instó a reunirse cuanto antes con la Comisión y le sugirió incluso unirse a otras jurisdicciones federales que han demandado en las cortes a la medida ejecutiva de Trump, que amenazó la semana pasada con recortes a aquellas que apoyen las llamadas “ciudades santuario”.

Giménez instó el viernes pasado al Departamento de Prisiones y Rehabilitación del condado a cumplir con todas las solicitudes de detención que ordene la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), tras la orden dada por Trump.

Levine dijo que es bien sabido que la detención de inmigrantes a cargo de los departamentos policiales “suprime” la cooperación de la comunidad con dichas autoridades.

Desde enero de 2014, el condado de Miami-Dade rehusaba las detenciones prolongadas (más allá de las 48 horas), ordenadas por ICE a fin de ahorrarse miles de dólares anuales, ya que se reducía la estadía de estos inmigrantes en las prisiones, especialmente aquellos detenidos por delitos menores.

La comisionada aseguró que dicha directiva aprobada por la Comisión, ha “funcionado efectivamente” porque ha restaurando la confianza de la comunidad con las autoridades locales.

La medida ha tenido el rechazo de varias autoridades locales del país, y en Miami-Dade de la comunidad inmigrantes, que prepara para mañana una movilización.

El presidente Trump firmó el pasado miércoles una orden ejecutiva que retira fondos federales a las denominadas “ciudades santuario”, jurisdicciones que rechazan destinar fondos y esfuerzos para cooperar con programas federales que no son de obligatorio cumplimiento.

Grupos de inmigrantes han cuestionado que por ley estas detenciones prolongadas requieren de una “orden judicial”, no simplemente una “solicitud de un funcionario federal”.

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